2021 tuvo el peor registro desde 1997 con descenso de 83% en adición de nueva área protegida. En 2020 se sumaron 35.463 hectáreas, el año pasado, solo 5.997
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Plan de Pago por Servicios Ambientales sufrió recorte del 33% este año; Hacienda redirigió fondos a atender la deuda pública u ‘otras prioridades’ del país.
Tala ilegal de especies vedadas, puentes sobre quebradas, trochas y claros en bosques y hasta grupos organizados destruyendo naturaleza para sembrar piña. Eso son algunos delitos ambientales que el Minae halló en fincas a las cuales el Gobierno paga por preservar el ambiente.