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Si el consumidor no queda satisfecho con los resultados de la investigación administrativa del banco puede acudir a la vía judicial. De ser así, los casos de los bancos privados se remiten al juzgado civil y los de los públicos al juzgado contencioso administrativo.

El cliente tiene la opción de pedir el cierre del plástico y solicitar uno nuevo. Las entidades financieras corren con la obligación de reponer el dinero al afectado cuando se comprueba que la persona actuó correctamente, aseguran especialistas.

Banco de Costa Rica corroboró que el 70% de los plásticos divulgados por el grupo cibercriminal está desactivado, y que cuando detectan alguno que está activo, se comunican con los clientes y efectúan el cambio. Además, la entidad afirma que se hará responsable en caso de daño a los usuarios.