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El Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa, de oficio, contra la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, por promover la huelga de empleados judiciales que se llevó a cabo entre el 19 y 31 julio en contra la Asamblea Legislativa.

Es un error debilitar a la Defensa Pública con la asignación de funciones adicionales para las cuales no dispone del personal y los recursos necesarios.

Si se permite apelar el segundo fallo absolutorio, se entra en el ámbito de una persecución penal cuya duración indefinida implica, en sí misma, un severo castigo.