Proceso de 26 años culminó en junio pasado, cuando la Sala Primera ratificó que el ICE debía pagar ¢8.637 millones en indemnización más ¢1.470 millones por las costas del proceso
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Se trata de bienes que estaban en poder de tres hombres de apellidos Mejía Hernández, Castro Solano y Arce Acuña, así como una mujer de apellidos Durán Zúñiga.
El Estado fue condenado a pagar ¢300 millones por la muerte de tres personas que cayeron con un vehículo a un río desde un puente sin barandas, ni iluminación, ni suficiente señalización vial que advirtiera del peligro