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El proyecto de ley pretende castigar a los funcionarios sin darse cuenta de que el castigado resulta ser el Estado.

Una reforma constitucional procura eliminar la inmunidad del presidente de la República, sus ministros, los magistrados del Poder Judicial y el TSE y los diputados.

La inmunidad no impide que un jerarca sea juzgado, dijo Orlando Aguirre a los diputados, pero sí es una prerrogativa en pro del interés público para ejercer funciones sin presiones indebidas y de forma independiente.