Desde que el país registró su primer caso de covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha pagado ¢1.161 millones a 6.788 trabajadores que se incapacitaron debido a esta enfermedad. En promedio, cada persona se incapacitó 9,4 días.
Con fondos públicos, instituciones estatales les completan hasta el 100% del sueldo cuando se dan de baja por enfermedad, mientras que el resto de trabajadores percibe el equivalente al 60% de su sueldo.
Olvídese del papel. A partir del 19 de agosto, esos reportes que muy usualmente piden entes financieros, comercios de línea blanca y hasta instituciones del Estado, como el IMAS o el Banvhi, serán digitales.
Hace nueve años se diagnosticó el problema y hubo promesas de enmienda; sin embargo, esta semana se supo que las licencias por enfermedad en la CCSS más bien aumentaron.
Las incapacidades en la CCSS deben ser investigadas para verificar si en efecto sus funcionarios constituyen un grupo especial. De no ser ese el caso, procede tomar medidas correctivas. En el caso de los productores de azúcar, un arancel del 45 % es elevadísimo. Su fin exclusivo es garantizar a los miembros de Laica un coto de caza, y eso es inadmisible.
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