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Mediante una ley se pretende debilitar una política que procura beneficiar a las clases menos favorecidas.

En el 2013, el Ministerio aceptó pasivo de ¢965.790 millones con programas sociales, pero luego modificó su posición el año pasado. Fondo mantiene el cobro y afirma que recurrirá a todas las vías posibles para recuperar dinero