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El consultorio jurídico estaba compuesto por una abogada y 20 estudiantes de último grado de Derecho que daban sus servicios, de forma gratuita, como parte de un convenio entre la Defensoría de los Habitantes y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Jerarca disuelve un acuerdo de cooperación con la fundación Hivos, mediante el cual se impartían capacitaciones sobre los derechos de las personas con VIH y personas LGTBI, tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.

Mediante un oficio que estuvo catalogado de 'confidencial', Catalina Crespo preguntó si cualquier actuación del Poder Legislativo que afecte la estabilidad de su mandato violaría un acuerdo internacional.