Beneficiarios que obtuvieron asistencia económica estatal de forma deshonesta podrían exponerse a penas de prisión de entre tres meses y dos años, por cometer el delito de perjurio

Ministerio Público abrió un expediente tras conocer los resultados de una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República, que señala que se habrían entregado ¢7.500 millones en subsidios a personas que no calificaban para recibirlos.

Según la actual jerarca de Presidencia, la auditoría presenta debilidades y diferencias con los datos del Ministerio de Trabajo.

Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y jerarca del IMAS, Juan Luis Bermúdez, serán llamados a comparecer por la supuesta entrega de ¢7.500 millones en bonos a personas que no habrían calificado para recibir el subsidio.

Geannina Dinarte, futura ministra de la Presidencia, pidió a los diputados un espacio para tener un acercamiento dentro del quehacer legislativo, en aras de poder escucharse mutuamente, construir confianzas y “empezar a trabajar juntos” por el bien del país.