El Conavi contrata servicios de inspección a empresas que también suplen servicios de mantenimiento de obras viales. Las sumas involucradas sobrepasan los ¢5.000 millones anuales. Por eso, el negocio debe ser objeto de cuidadoso estudio.
La actual administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retiró una demanda judicial que la dirigencia anterior interpuso en marzo contra la Contraloría General de la República (CGR) en oposición a un informe de auditoría que recomendó cambios al Instituto sobre cómo adquiere bienes y servicios.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incurrió en una serie de omisiones, debilidades e inconsistencias financieras en etapas previas a la construcción de la megaobra cuyo valor inicial fue $757 millones pero terminó costando al menos $1.567 millones; descubrió una auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR).
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) efectuó dos inversiones por ¢11.606 millones que no cumplieron con las reglas de seguridad financiera en el manejo de los recursos de las contribuciones obrero-patronales y del Estado a la institución.
Empresa encargada de auditoría obligó a cada asambleísta a firmar cláusula de $50.000 para que no revelaran irregularidades de informe.
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