Dos años han esperado las familias que quedaron sin techo con el paso del huracán Otto, en noviembre de 2016. La espera no terminará pronto.

De hecho, la lentitud de los trámites y la crisis fiscal que encara el país alejan cada vez más la promesa de una casa para estos vecinos de Upala y Bagaces, principalmente, lo mismo que para otros centenares de afectados por la tormenta Nate, que golpeó casi todo el país en octubre de 2017, y el sismo de Capellades de Cartago, en noviembre de aquel mismo año.

Sus nombres están incluidos en las bases del Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). El problema es que desde la administración pasada, ese programa se encontraba “con atraso crítico”, según el informe de gestión 2014-2018, del entonces ministro Rosendo Pujol.

“Hemos tenido el apoyo de parte del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), ellos nos han pagado el alquiler, lo único es que ahora vence a finales de diciembre y no nos van a renovar porque nos dijeron que ya no era posible (...) Nos queda trabajar y ver qué hacemos para sobrevivir, la verdad es que no todo el tiempo vamos a estar dependiendo del Gobierno”, comentó resignada Brenda Hernández, vecina de La Fortuna de Bagaces.

Según el informe de Pujol, la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo era atender 1.200 viviendas entre 2015 y 2018, pero solo se alcanzaron 188 familias, un 15,62% de lo propuesto. De esos, casi todos se intervinieron en 2015 (157). En los dos años siguientes fueron 31 viviendas, a pesar de que fue el periodo de las emergencias por Otto, Nate y Capellades.

Pujol justificó la situación en la tramitomanía que lleva el proceso para otorgar bonos de vivienda.

“El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, no se encuentra preparado para atender con agilidad las necesidades de vivienda que ocurren por emergencias. Este tipo de atención requiere tiempos de respuesta rápidos y el Sistema no está diseñado de esta manera", indica su informe.

Crisis amenaza

La nueva jerarca de Vivienda, Irene Campos, afirma que desde que llegó, en mayo, ha tratado de avanzar.

Primero, dijo, publicó el “Protocolo para la Atención Interinstitucional de Emergencias en Vivienda”, que permite la colaboración de las municipalidades como un “brazo territorial", que da seguimiento a las familias y recolecta la información requerida.

Recientemente, el 1.° de octubre, el Poder Ejecutivo firmó la “Directriz sobre tramitación de seguimiento de casos de personas afectadas en su vivienda por una emergencia”, donde se insta a las instituciones públicas y privadas del Sistema Financiero para la Vivienda, para que agilicen los trámites a las personas que fueron afectadas por un evento fortuito. Entrará a regir una vez publicada en el diario oficial La Gaceta.

Sin embargo, Campos admite que “probablemente” no podrá cumplir la meta de 1.200 viviendas.

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“Claramente no, nos queda muy poco tiempo para lograr esa meta pero precisamente nosotros hicimos todo este trabajo de previo en estos meses, conociendo esta problemática, sentándonos y analizando cuáles son las causas por las cuales esto no se ha logrado. Analizando de la forma mas objetiva posible y atendiéndolo”, explicó la ministra.

Además del volumen abultado de casos y el corto tiempo para atenderlo, hay otra situación que genera incertidumbre en la consecución de esta meta. Esta tiene que ver con la crisis fiscal y el futuro económico del país.

"Los subsidios del Estado pueden verse afectados a raíz de una condición crítica que pueda suceder con relación a la situación fiscal. Hasta el momento no ha sido así, todos los del sector social, de los diferentes programas, hemos confiado en que no vaya a suceder. Pero lo tenemos muy claro, porque en el caso nuestro los subsidios vienen de un porcentaje que se toma de los fondos de Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), que a su vez, obtiene los recursos a través de lo que cotizan los trabajadores públicos y privados.

“En el momento en que viene una crisis donde todo el país se ve afectado, disminuyen los ingresos de los trabajadores, hay menos cotizantes, y disminuye, definitivamente, los ingresos de los programas sociales”, explicó Campos.

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De ser así, se aplicarán planes de contingencia. El primero será priorizar la atención de familias en situación de emergencia o vulnerabilidad de 38 o 40 distritos a nivel nacional. Pasarían a un segundo plano aquellas que viven en condición de hacinamiento.

“Solo lo veremos con el tiempo. Todo lo que yo le comento es especulativo. Porque uno no tiene como una bola de cristal. Lo que sí se sabe, porque se lo exige la misma regulación, es que se deben analizar los riesgos y tener planes de contingencia para atenderlos. Nosotros ya definimos distritos prioritarios que se atenderían, ya definimos flujos de caja para atender los proyectos de vivienda”, explicó Campos.

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Más casos

Otto, Nate y Capellados dejaron como saldo 613 casas pendientes de algún tipo de reparación, 389 de reconstrucción y 1.648 que requieren casa en nuevo sitio.

Por el huracán Otto se deben hacer 60 reconstrucciones y 253 traslados; por el sismo de magnitud 5,3 en Capellades, 17 casas deben ser reconstruidas y cinco trasladadas; y por los daños ocasionados por Nate, 312 y 1.390, respectivamente.

Proceso largo

Brenda Hernández, vecina de La Fortuna de Bagaces, fue una de las afectadas por el paso del huracán Otto, 2016. A la fecha recibe un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para el alquiler de vivienda.

Ella es parte de unas 18 familias, aproximadamente, que esperan el desarrollo de un proyecto de vivienda en Guayabo, específicamente. Según contó, el Mivah les ha dado acompañamiento y en este momento están a la espera de que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) apruebe los expedientes de cada caso, para el otorgamiento del bono.

No obstante, esa meta se ve aún lejana ya que una vez que se aprueben los bonos, tienen que seguir con los permisos de construcción por parte de la Municipalidad de Bagaces y posteriormente, el proceso de desarrollo constructivo.

A la fecha, 19 familias en Bagaces y 13 en Upala, reciben el subsidio del IMAS para el alquiler de vivienda. La normativa establece que el sustento se brinda únicamente por tres meses, pero se puede extender hasta un año, dependiendo de las condiciones. El IMAS les alargó el beneficio hasta diciembre próximo.

Guido William, alcalde de Bagaces, comentó que ellos han brindado acompañamiento al Ministerio de Vivienda, tratando de agilizar los trámites, pero las trabas escapaban de las facultades incluso del Ministerio, pues tienen que ver con un asunto legal.

“Porque por ejemplo, tenemos un caso de una familia, el señor trabajaba en el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y entonces está bien, aumentaron el tope de los ingresos permitido para poder ser objeto de un bono y resulta que con solo que le pagaron unas horas extras al señor, lo sacaron del proceso y le dicen que ya no califica para el bono porque se pasó del límite que tenían, pero son horas extra. Ahora ya no tiene las extras, vuelve otra vez a la situación pero ya no califica. Son unas trabas increíbles”, comentó el alcalde.

“La situación que tenemos nosotros, y prácticamente el Mivah, es que la legislación no permite que estas familias tengan un tratamiento especial por ser damnificadas de un evento de emergencia como el huracán, y las están metiendo a todas dentro del mismo proceso que sigue cualquier persona que va a solicitar un bono y entonces eso dificulta un montón”, añadió William.

Según la ministra Campos, en estos procesos también deben enfrentar situaciones “inverosímiles”. Estas familias, según ellas, migran constantemente o, muchas veces, se cansan y dejan botados los procesos. No obstante, recalcó que hacen todo lo posible por encontrarles una solución.

“Ahora hay un seguimiento uno a uno, de parte nuestra, de la Municipalidad y de las autoridades autorizadas que son las que asumen los casos (...) Porque en el camino la gente se pierde, se aburre, se va para otra zona, migran mucho, pierden el interés, como le digo a veces uno no entiende qué esta pasando pero sucede”, comentó Campos.

El 30 de noviembre el Mivah tendrá que presentar cuáles serán las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, donde establecerá las metas de atención para el actual Gobierno.