“¿Pacífico? Puede ser que no”, comentó Ana Martínez, dirigente comunal del precario Triángulo de Solidaridad, cuando se le preguntó cómo será la salida de las 206 familias que quedan en el terreno que ocupan en Calle Blancos de Goicoechea.
En una actividad en el salón de la iglesia San Francisco de Asís, en Calle Blancos, el 2 de junio, todas fueron notificadas de su salida paulatina a partir de agosto.
La comunicación la hizo el Ministerio de Vivienda ante la necesidad de desalojar la zona donde se levanta el viaducto del tramo norte de la carretera de Circunvalación. Ya meses atrás, más de un centenar de familias fueron reubicadas.
Sin embargo, los que siguen ahí, quieren asegurarse de que se cumpla la promesa de varias administraciones de darles solución de vivienda. Esa es la advertencia que parecieran lanzar ahora.
“Lo que queremos es que ellos (Gobierno) nos den la seguridad de que a pesar de que las familias se vayan, continuemos haciendo el trabajo que hasta ahora se ha hecho. No vamos a discutir los incumplimientos que ha habido, todos los gobiernos lo hacen, pero nosotros estamos en esta situación de que no es que no nos vamos a mover, sí, sí nos vamos a mover, y no queremos que atropellen a nadie salvajemente, pero necesitamos que nos digan que aunque nos vayamos no nos van a dejar solos”, añadió Martínez.
La dirigente recordó que tienen a su favor decisiones de la Sala Constitucional, donde se ordena dar solución de techo a estas personas.
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Ante la nueva exigencia, la ministra de Vivienda, Irene Campos, insistió en que el trabajo de coordinación que se ha realizado con los habitantes del Triángulo “ha sido transparente y horizontal con la dirigencia comunitaria y las familias a las que representa”.
Según ella, han respetado la legislación, los votos constitucionales y la promesa de reasentamientos de las familias que salieron antes.
“No los vamos a abandonar en el proceso, como no lo hemos hecho con las familias que ya fueron desalojadas. Se les seguirá dando el apoyo a través de los alquileres y del subsidio de vivienda que se gestione por medio del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, dijo.
El desalojo se realiza con fundamento en fallos de la misma Sala, y los ministerios de Salud y Ambiente y Energía.
Para garantizar que el desalojo se haga con respeto a los derechos de las familias, se ejecuta por medio de la Comisión de Atención Interinstitucional de Desalojos (CAID), la cual pertenece a la Presidencia de la República.
Uno de los aspectos que inquieta a los habitantes del Triángulo son los problemas ocasionados en relación con el proyecto de Horquetas de Sarapiquí, pues no tenía las condiciones para reubicar a las familias.
Según Vivienda, hay una coordinación entre varias instituciones para concretar la entrega de vivienda.
Entre los aspectos por resolver está el abastecimiento de agua en los lotes, asunto que se discute entre la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asada) local y el desarrollador del proyecto.
“Evidentemente, no podemos hacer la entrega de vivienda sin que cuenten con los servicios básicos”, advirtió Campos.