EscucharLa crisis financiera de Coopeaserrí le podría salir cara al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La institución pidió autorización a la Contraloría General de la República para girar ¢452 millones que faltan para finalizar la construcción de 100 viviendas cuyos bonos se tramitaban en esa entidad.
El Banhvi ya había girado esos recursos, pero la cooperativa no pudo desembolsar más dinero a las constructoras debido a que está intervenida desde febrero por malos manejos financieros. Así, esos bonos quedaron congelados y las viviendas en proceso de construcción.
El Banhvi pretende darles continuidad a las operaciones de bono familiar afectadas y no perjudicar a los beneficiarios del subsidio. La idea es que una nueva entidad autorizada tramite el giro de esos recursos.
La propuesta fue avalada por la Asesoría Legal y la Junta Directiva del Banco. El Banhvi está a la espera de la respuesta de la Contraloría. En caso de que el ente contralor autorice girar nuevamente esos recursos, el Banco informó de que, en el futuro, realizará las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperarlos.
Intervención. Cerca de 7.000 asociados fueron afectados por la intervención que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó, el 2 de febrero anterior, sobre la Cooperativa, por un periodo de 90 días.
La medida se tomó a causa del incumplimiento del índice de suficiencia patrimonial, la reducción del patrimonio en un 100% y ante una gestión que ponía en riesgo la seguridad y solvencia de la cooperativa.
La entidad tiene bienes por cerca de ¢1.000 millones, pero suma deudas por más de ¢4.500 millones. Requiere de al menos ¢3.800 millones para salvarse de la disolución.
El plazo de la intervención fue ampliado hasta el 31 de agosto de este año, con el fin de valorar una propuesta de ayuda económica a los asociados, a fin de minimizar sus pérdidas.
“Esta solución es la que va ganando terreno. No veo como alternativa que se pueda salvar la cooperativa. Es una ayuda muy buena que se daría a los asociados”, explicó Johnny Salazar, el interventor.
Según el funcionario, esta propuesta aún no se ha finiquitado. Se espera que en junio se anuncie la solución definitiva.
“En caso de que fructifique la ayuda, se estaría llamando a los asociados para convocar a una asamblea y explicarles la situación”, manifestó Salazar.
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