A casi 30 años de la creación de los bonos de vivienda, el Estado aún no tiene un sistema para garantizar que estos subsidios, entregados por medio del Banhvi, beneficien a las familias más pobres del país.
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familias han sido beneficiadas con la aprobación de 22 proyectos de vivienda durante este Gobierno, a marzo del 2015
Casi una cuarta parte de los bonos individuales tramitados por las entidades autorizadas en el primer cuatrimestre del 2014 correspondió a personas que habían tenido propiedades.
Además, hay proyectos de vivienda en los cuales las listas de beneficiarios cambiaron después de que las aprobara la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El problema es que esa institución –rectora del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda– no tiene un proceso de selección sustentado y documentado que garantice la adecuada adjudicación de los bonos tramitados en las entidades autorizadas, como cooperativas y bancos.
Así se desprende del informe de la Contraloría General de la República DFOE–ECIF–12–2015, del 18 de enero del 2015.
“Existe una débil identificación de la población objetivo de los proyectos de vivienda. Las debilidades en la conformación de la lista de beneficiarios, se fundamenta en la ausencia de un proceso de escogencia sustentado y documentado técnicamente”, destaca el documento.
En la auditoría, las autoridades del Banhvi manifestaron que esas debilidades se originan en la falta de políticas generales sobre a quiénes priorizar al momento de otorgar esos recursos.
Luis Montoya, gerente general del Banhvi, calificó los hallazgos de la Contraloría como una “oportunidad de mejora”.
Explicó que los beneficiarios de los bonos son escogidos por grupos organizados, asociaciones indígenas, municipalidades, hospitales o recomendaciones de alguna institución.
“Es importante destacar que todos los casos que el Banco revisa son aprobados bajo un riguroso análisis. Estamos elaborando un procedimiento para la selección”, aseguró Montoya.
Según la Contraloría, las fallas en la escogencia no permiten garantizar que los recursos se utilicen para otorgar vivienda a los hogares más necesitados.
Las cifras del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirman que los subsidios no se están destinando a los pobres.
En el 2013, el 12,6% de los bonos llegó a hogares en extrema pobreza, el 17,5% fue recibido por familias pobres, pero no en extrema situación, el 22,8% fue dado a los grupos vulnerables, el 38,9% a grupos medios y un 8,2%, fue a dar a grupos acomodados.
La Fundación Promotora de la Vivienda indicó que el déficit habitacional real (cantidad de hogares sin casa o que están en malas condiciones) era de 783.000 en el 2013. Ese número en el 2010 era de 689.000 hogares.
¿Quién elige? Según Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, la selección de los beneficiarios de los bonos quedó en manos de las entidades autorizadas. No obstante, agregó, las constructoras “tienen gran poder” para determinar quiénes son los elegidos.
“El problema es que a veces no llegamos a los más pobres. Estamos haciendo esfuerzos para que el IMAS nos ayude a seleccionar a los beneficiarios”, dijo Pujol.
Dagoberto Hidalgo, director de negocios de Mutual Cartago (Mucap), y Óscar Alvarado, gerente de Grupo Mutual Alajuela –dos de las entidades autorizadas–, coincidieron en que los grupos organizados son actores clave en la definición de las familias beneficiadas.
“La normativa faculta a los grupos organizados para que acudan al sistema de vivienda por medio de las entidades autorizadas. Ellos pueden hacerlo siempre y cuando lo hagan de la mano con un empresario (desarrollador) que les ayude en la parte técnica”, detalló Hidalgo.
Otra preocupación de la Contraloría es que una vez que una entidad autorizada admite un proyecto, los beneficiarios pueden cambiar sin que existan criterios técnicos.
Entre el 2008 y el 2013, la Directiva del Banhvi aprobó 472 sustituciones en 27 proyectos de vivienda a 1.900 beneficiarios. Hubo casos en donde el porcentaje de sustituciones llegó al 40%.
Montoya cree que los cambios ocurren porque los beneficiarios “se fueron de la zona, mejoraron su situación económica o renunciaron el proyecto”.