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La CCSS deberá ajustar la pensión que dio a sus dos empleados de Cartago, y pagarles ¢75 millones y ¢50 millones, luego de que se comprobó que la aplicación de una vacuna contra la influenza les afectó la salud. | ARCHIVO.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda sentenció a la CCSS a pagar ¢125 millones por daños morales a dos profesionales de salud a quienes les aplicaron la vacuna contra la influenza (conocida como Fluczone).
La Sección IV del Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda de Geovanni Barquero Gutiérrez –vecino de Cartago y auxiliar de pacientes– y de Marta Patricia Segura Abarca –médica general que laboraba para el Área de Salud de Cartago–.
El tribunal también condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de daño moral a pagar ¢50 millones a Baquero y ¢75 millones a Segura.
Dolores. “Yo era una persona sana y en abril del 2006 me apliqué la vacuna de la influenza: a los tres o cuatro días me empecé a sentir mal. Tenía vértigo, trastornos visuales, cefálea intensa (dolor de cabeza), dolor en la pierna y en la mano derecha.
“Pensé que era una reacción normal a la vacuna, luego se descubrió que había desarrollado esclerosis múltiple. Desde entonces mi vida es una cruz”, dijo Segura Abarca a La Nación.
“Quedó claro en el debate que el mismo prospecto del Fluczone (la vacuna contra la influenza) puede producir esclerosis múltiple y lesiones en el sistema neurológico. Y a pesar de mi condición de invalidez me trataron mal y hasta me han retirado los medicamentos que necesito por esta enfermedad alegando que yo no tengo nada”, dijo Segura refiriéndose al trato que ha recibido en el hospital de Cartago a partir de los daños por la vacuna que le aplicaron.
Corregir pensión. Por la condición de invalidez que ahora sufre Segura, tuvo que ser pensionada. “Tenía un salario de ¢900.000 y me pensionaron con unos ¢300.000”, contó. En ese sentido, el tribunal también se pronunció. De acuerdo con el fallo, la CCSS fue condenada a entregar a los demandantes “la diferencia del monto de la pensión que se les paga actualmente por invalidez con el del salario correspondiente al cargo que tenían en el momento de ser vacunados”.
También determinó el tribunal que la CCSS debe reconocer los pagos atrasados hasta que se normalicen los pagos mensuales.
El tribunal consideró que la CCSS deberá darles a Barquero y Segura tratamiento psiquiátrico por un mínimo de dos años y un medicamento adecuado.
Aunque ambos pidieron ser tratados por su enfermedad en Estados Unidos, a costa de la CCSS, el Tribunal denegó esa petición.
A través de una de las jefas de prensa de la CCSS, Rosa Climent, gerente médica de la Caja, dijo a La Nación que no conocía aún los detalles del fallo de esta demanda y que en su momento la institución actuaría como considere.
