San José.
La generación de electricidad para consumo propio desde hogares, comercios y empresas perdió impulso, pues dos años después de que se emitieron las primeras regulaciones de la actividad solo 422 abonados la aprovechan.
De ellos, la mayoría se matricularon en el proyecto en el 2015 y en los últimos diez meses solo se han sumado 32 familias o empresarios.
La llamada generación distribuida consiste en enlazar un sistema de producción propio, como paneles solares, a una red del servicio público, para sustituir parte de la energía tomada de esa red.
Esta posibilidad es una de las vías que propone el Estado para mitigar emisiones contaminantes en la generación de energía, como las que producen plantas térmicas, de acuerdo con el Plan Nacional de Energía 2015-2030.
La actividad, sin embargo, da signos de parálisis.
Esa situación ocurre por dos razones principales: por una parte, las restricciones técnicas de la normativa, entre ellas, los límites para que los afiliados tomen para su consumo la energía que ellos mismos aportan a la red. Por otra, el costo de los equipos.
Las primeras reglas se dieron en marzo del 2015, cuando el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) entregó el contrato de referencia para introducir el servicio de generación distribuida con interconexión a las redes de las empresas distribuidoras como el ICE, la CNFL o la ESPH. Ese mismo mes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) publicó las tarifas que pagarían los interesados por acceder a esas redes.
Aquellas regulaciones impulsaron las afiliaciones de sistemas de generación propios que, para agosto del 2015, llegaron a 390, confirmó la investigación La generación distribuida para autoconsumo en Costa Rica: oportunidades y desafíos, publicada en abril del 2017 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según el estudio, la generación distribuida podría llegar a impactar el modelo de negocio de las empresas de distribución y producción de energía.
El crecimiento, no obstante, se estancó al punto que se registran solo 32 nuevos sistemas en los últimos 10 meses. Así, el total pasó de 390 en agosto del 2015 a 422 en junio del 2017, precisan datos de la Dirección de Energía del Minae.
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De esos generadores particulares, 56% (234 instalaciones) se interconectan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 28% (120) a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y 16% restante (68) se dispersa entre otras distribuidoras que brindan servicios en Costa Rica donde hay 1,6 millones de abonados a servicios de electricidad según datos de la Aresep.
Trabas y turbulencias financieras
Carolina Sánchez, de la Asociación Costarricense de Energía Solar (Asesolar) citó entre los obstáculos regulatorios de este plan el artículo 34 del Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables (Decreto N° 39220-MINAE del 8 de octubre de 2015).
Este indica que el productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución toda la energía que no consuma pero solo tendrá derecho a retirar 49% máximo de la electricidad total generada para utilizarla en el mes o meses siguientes en el transcurso de un año.
De esta forma, si alguien genera 100 kilovatios (Kw) en un mes y consumió solo 25 Kw, de los restantes 75 Kw ingresados a la red de su distribuidor de electricidad, solo podrá retirar luego 25 Kw para su uso. Así, aunque generó 100 Kw ese mes solo tiene derecho a la mitad.
"Entonces si sos un usuario residencial que consumís la energía en forma diferida, tus paneles generan de día pero usás la energía de noche a la casa, toda la idea de invertir en un sistema pierde atractivo porque el ahorro previsto es menor y el tiempo en que se recupera la inversión más lento", explicó.
El artículo 44 del reglamento, entre tanto, limita la capacidad máxima de todos los sistemas de generación conectados en un mismo circuito de la red de distribución. Según el artículo, ningún generador podrá exceder 15% de la demanda máxima anual de energía del circuito donde el sistema se conecte.
Para Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, tales limitaciones tienen una justificación clara.
Según él, actualmente la actividad no provoca impactos financieros significativos en las empresas distribuidoras porque su participación es marginal, pero hay que prever que podría crecer y será necesario adecuar el sistema tarifario para que se reflejen de manera adecuada los costos y beneficios que aportan y reciben los consumidores- productores, y las distribuidoras.
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"Una penetración alta de generación distribuida con los esquemas tarifarios actuales sí provoca una distorsión financiera importante", anotó Orozco.
El funcionario incluso ejemplificó cómo la regulación actual frenó el crecimiento de nuevos "prosumidores" (productores - consumidores según la terminología técnica del sector) que se dio luego de que el Instituto lanzó un plan piloto entre el 2010 y 2015.
Mientras aquel plan se mantuvo, la instalación de potencia en paneles solares se duplicaba aproximadamente cada año. Al aplicarse el actual marco regulatorio, las tasas de crecimiento bajaron.
Inversión difícil de recuperar
Otra de las causas de desincentivo en la generación distribuida es el costo de los equipos necesarios.
En ese sentido, Ronny Rodríguez, jefe de despacho del viceministerio de Energía del Minae, consideró que el mercado de equipos y sistemas de generación distribuida aún no ofrece precios lo suficientemente atractivos como para enganchar a más interesados. Ni siquiera distintas exenciones fiscales a la importación y compra parece surtir efecto.
En Costa Rica, recordó Rodríguez, se exonera de impuestos la compra de calentadores solares de agua para todo uso, paneles para generación fotovoltaica, luminarias fluorescentes y halógenos eficientes e instrumentos de medición ligados a energías renovables (anemómetros para medir la dirección y velocidad del viento, medidores de radiación solar y luz); entre otros insumos.
"Esto funciona muy bien para consumos altos en industria y comercio, mucho menos en residencial al volverse poco atractivo el tiempo para recuperar la inversión en un sistema propio", reconoció.
La investigación del BID coincide. Los investigadores analizaron rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo desde el punto de vista de los abonados residenciales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La idea era sondear cuál podría ser el nivel de penetración del servicio a escala nacional.
Al considerar tarifas residenciales de ese distribuidor, el BID detectó que, suponiendo una tasa de retorno de 8% de la inversión; ningún usuario recupera el gasto en sus paneles en menos de 10 años con el ahorro previsto en el pago del recibo de la luz.
Este lapso, el cual corresponde a casi la mitad de la vida útil promedio de unos paneles solares, se considera el mínimo necesario para que la incorporación en el régimen de generación distribuida sea "claramente atractiva para el consumidor", anota el informe.
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Para consumos mensuales menores a 200 kilovatios hora (kWh), el plazo de recuperación ronda 30 años; lo cual es cinco años más que la vida útil promedio de unos paneles. Para consumos sobre 800 kWh; la inversión se recupera en unos 12 a 15 años.
"Las condiciones para este servicio en el área de competencia de la CNFL son poco atractivas para la mayoría de abonados residenciales y, por tanto, no es esperable una incorporación masiva de abonados dentro de esa modalidad de generación", añade el documento. Sus conclusiones también son válidas para abonados del ICE.
Así, el costo de los equipos, y las restricciones impuestas al máximo de energía a intercambiar con la red y al máximo de potencia instalada por circuito llevan al BID a descartar un escenario de inserción masiva de la generación en redes de distribución locales debido principalmente al costo de los equipos (en particular de generación fotovoltaica)
"Es claro que la GDA (generación distribuida) es una actividad rentable para una proporción reducida de usuarios residenciales y empresariales", dijo.
Otras tecnologías de eficiencia energética que invaden el negocio de las empresas distribuidores son las llamadas redes eléctricas inteligentes, los vehículos eléctricos y las baterías para hogares. En este contexto la reciente creación de este servicio en Costa Rica se perfila aún de acceso limitado.
El reto, apunta el BID, consistiría en diseñar un nuevo marco normativo el cual abra espacio para satisfacer diversos intereses particulares mediante el uso de esta modalidad de generación pero preservando ante todo el interés general de toda la sociedad.