Un paquete de galletas o una caja de jugo, pero no los dos. Eso es lo que podría comprarse un funcionario del Ministerio de Hacienda con lo que le depositaron de salario en la primera quincena de mayo.
Este trabajador tiene en realidad un sueldo bruto de ¢818.933, pero recibió apenas ¢544. El resto de su remuneración se lo redujeron por deudas, que pueden ser cuotas de préstamos o pensión alimentaria; lo cierto es que esas obligaciones pendientes consumieron ¢818.389.
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Para la segunda quincena del mes recibió un poquito más: ¢14.785, mientras que para la primera de junio, su salario líquido fue de ¢6.017, según información del Ministerio.
Este funcionario forma parte de los 18.938 trabajadores públicos que reciben su pago por medio del sistema Integra de Hacienda y que les llegaba un salario líquido menor al mínimo inembargable (¢214.230) producto de la gran cantidad de deudas que tienen.
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El grupo representa el 15% de los 127.307 funcionarios del Gobierno Central a los que se remunera mediante esa plataforma.
Por situaciones como la de este funcionario es que Hacienda decidió que, a partir de la quincena que se pagó este jueves, ya no se harán rebajos por deudas que dejen a la persona con menos del salario mínimo inembargable.
Esto implica que la Tesorería Nacional no aplicará rebajos (embargos judiciales, créditos, cuotas de afiliación, entre otros) a los trabajadores que reciban un monto líquido por debajo del salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, excepto los que correspondan a pensiones alimentarias.
“El Ministerio de Hacienda cumple con el respeto a las disposiciones del Código de Trabajo. Hoy los trabajadores del sector público pueden tener seguridad de que recibirán un salario mínimo”, manifestó Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
La aplicación de esta medida tiene su fundamento en los artículos 172 y 174 del Código de Trabajo.
El primero establece que “son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo”.
Entretanto, el 174 dispone que “los salarios solo podrán cederse, venderse o gravarse a favor de terceras personas, en la proporción en que sean embargables.
Hacienda agregó que los diferentes patronos que efectúan deducciones deben acatar la disposición de no hacer rebajos en salarios mínimos, tal como lo hizo el Ministerio de Hacienda para el caso de los funcionarios del Gobierno Central, Tribunal Supremo de Elecciones, Dirección General de Migración y Extranjería, Dinadeco, Defensoría de los Habitantes y Asamblea Legislativa.
Añadieron que será responsabilidad de cada trabajador atender las obligaciones de pago que no sean aplicadas directamente en planilla.
Por institución
Según información brindada por Acosta, de los 18.938 funcionarios que recibían menos del salario líquido por deudas, el 72,5% eran del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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El MEP tiene una planilla de 88.054 funcionarios y los que ganan menos del salario líquido representan el 15,4%.
En 2018, La Nación analizó los pagos de la planilla de esa cartera y se determinó que el 60% (50.593) de los 84.322 funcionarios que en ese entonces registraba la institución, tenían comprometido el 50% de su salario o más en deudas.
Las causas son las facilidades para obtener un préstamo que tienen los docentes del MEP y el hecho de que los rebajos se hacen de manera automática.
Caja de ANDE, Coope Ande, Coopemep, Coopenae, Cooperservidores, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio son algunas de las entidades en las que los docentes tienen la oportunidad de obtener millones en préstamos con menos complicaciones que en cualquier otra financiera.
La segunda institución en la cual sus empleados recibían menos del mínimo es el Ministerio de Seguridad Pública, un total de 2.944 funcionarios, que representan el 17,8% de los 16.498 que tienen en total. Ellos representan el 15,5% del total de funcionarios del sistema Integra que recibían menos del mínimo.
El resto de empleados a los que les llega menos del mínimo, 2.453 (el 13%), son del Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Salud y otras instituciones.