Juan Diego Córdoba González.   16 julio
El gobierno de Carlos Alvarado presentó un proyecto de ley para recortar el gasto salarial durante los próximos 12 meses, a raíz de la disminución de ingresos tributarios provocada por la pandemia de covid-19. Foto: Jorge Castillo.

En medio de las urgencias fiscales, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para reducir en un 15% las jornadas y salarios de empleados públicos con sueldos superiores a ¢1,5 millones mensuales.

Quedarían exentos de la medida los trabajadores estatales de instituciones de salud, seguridad y emergencias, responsables de la atención de la pandemia de covid-19.

Dicha iniciativa, que regiría por 12 meses, proyecta un ahorro de ¢130.000 millones, de los cuales ¢44.000 se economizarían este año, siempre y cuando los diputados lo aprueben antes de setiembre.

Otros ¢86.000 millones, se restarían del gasto salarial en el ejercicio presupuestario de 2021.

Expertos en materia laboral confirman que la única vía para hacer tal reducción es por la vía legislativa pues, por el principio de legalidad, las instituciones estatales solo pueden hacer aquello que expresamente señale la ley.

Pero, ¿es viable jurídicamente este proyecto?

Paola Gutiérrez, abogada laboralista de la firma Caoba Legal, advierte que debe tenerse en cuenta “el principio de igualdad”.

En esa línea, la iniciativa de ley plantea dos elementos diferenciadores para decidir a cuáles empleados les aplicaría la reducción y a cuáles no.

La primera es el piso salarial. Se le podrá reducir la jornada y el salario a quienes ganen más de ¢1,5 millones.

La segunda es la institución en la que laboran. Específicamente, el proyecto menciona que quedarían por fuera los servidores de “Policía, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y centros penitenciarios”.

“Los magistrados han dicho que la Constitución no excluye la posibilidad de dar tratamientos diferenciados a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable y proporcionada.

“Para analizar si esas excepciones son válidas lo que hay que preguntarse es: ¿cuál es el criterio de fondo que justifica un trato diferente? Si el criterio es arbitrario, irracional o desproporcionado, sería ir en contra del principio de igualdad, de lo contrario sería viable”, afirmó Gutiérrez.

Y entonces, ¿es objetivo y razonable?

En este punto es donde los expertos laboralistas empiezan a tener criterios distintos.

Ronald Gutiérrez, de BDS Asesores, por ejemplo, plantea que la exclusión que propone la iniciativa para trabajadores de instituciones que atienden la pandemia es “cuando menos cuestionable”.

“Uno entiende y reconoce la labor que están haciendo, pero hay que cuestionarse si excluirlos del todo y a todos sus trabajadores tiene una justificación objetiva, si es razonable o no.

“Nadie discute que sean instituciones clave frente a la pandemia, pero cabe preguntarse, al menos, si no podríamos estar excluyendo a un grupo que no necesariamente está en la atención sanitaria.

“Es decir, dentro de la CCSS no todo es personal médico, y habrá administrativos que no estén atendiendo la pandemia directamente. Se podría decir que incluso puede ser discriminatorio”, aseveró el abogado.

Mientras tanto, Daniel Valverde, director de Derecho Laboral de Ecija, afirma que el proyecto es “totalmente arbitrario”.

“Vemos una discrepancia con la ley que se aplicó al sector privado. Ahí, para aplicar una deducción, se utilizó como parámetro la reducción de ingresos de la empresa y únicamente por el periodo que el empleador se vea afectado por la situación de pandemia.

“En este proyecto vemos que aplicará de manera automática por 12 meses si usted gana más que un determinado salario ¿Por qué solo afecta a los funcionarios con un salario mayor a ¢1,5 millones?, ¿cómo se definió ese monto?, ¿qué necesidades cubren ese tipo de funcionarios?, ¿por qué afectará 12 meses?”, cuestionó Valverde.

En el sector privado, los patronos pueden reducir hasta un 50% de la jornada y el salario a sus trabajadores, en caso de que los ingresos de la empresa bajen un 20% a raíz de la crisis por la pandemia.

Asimismo, la reducción de las horas laborales podría ser de hasta un 75% en caso de la caída de ingresos alcance el 60%.

El periodo de aplicación es por tres meses, con la posibilidad de prorrogar la medida por dos períodos iguales. Es decir, podría extenderse por nueve meses en total.

Paola Gutiérrez, por el contrario, piensa que ninguno de los dos puntos afectan al proyecto de ley.

“No considero que el plazo sea una razón que pueda tener implicaciones, por ser diferentes en ambos sectores. La razón principal para haberlo establecido por periodos trimestrales, en el caso del sector privado, es que el Ministerio de Trabajo pudiera controlar que no se presentaran abusos, y que los patronos mantuvieran una disminución en sus ingresos como justificación a la medida.

“En el caso del sector público, la afectación en los ingresos está demostrada, y no va a mejorar en los próximos 12 meses”, afirmó la abogada.

Argumentó, además, que aplicar reducciones de jornadas a empleados dentro de las instituciones al frente de la emergencia, podría perjudicar su operatividad y, por ende, el proyecto podría venirse abajo “por ser contrario a la protección del interés general durante la pandemia”.

¿Sería más viable hacer la reducción de salario mediante impuesto?

Pese a que esa herramienta tiene implicaciones distintas, se le consultó a los expertos en materia laboral si sería más fácil obtener los ahorros fiscales mediante un impuesto a los salarios altos de trabajadores públicos.

Daniel Valverde afirmó que sí sería más sencillo hacerlo de esa manera, aunque señaló otros puntos de cuidado.

“Lo importante es evitar una eventual doble imposición, que está prohibido constitucionalmente.

“Esto consiste en gravar dos veces a la misma persona, lo que significa que si ya hay una porción de mi salario gravada con el impuesto de renta, no se podría generar otro tributo que cobre más impuestos sobre ese mismo salario.

“Eso significa que, lo pertinente sería reducir los tramos de renta para que más salarios se encuentren gravados por el impuesto de renta, o crear nuevos tramos para que generen más impuestos las rentas más altas”, afirmó Valverde.

Por su parte, Ronald Gutiérrez sostuvo que eso traería otras implicaciones y discusiones, por lo que comparar los proyectos “es difícil”.

“Este proyecto (el que se presentó) tiene la particularidad de que solo aplicaría al sector público, en relación con el tema del salario que se planteó, en su momento, aplicaría a los dos sectores”, afirmó el laboralista.

Mientras que Paola Gutiérrez señala que si se presentara mediante impuesto, tendría que aplicar a todos los funcionarios estatales por igual, sin importar si atienden la pandemia o no.

“Un aspecto es que tendría que ser parejo para todo el sector público. En este caso, hacer diferencias por instituciones sí podría ser un riesgo.

“Hacer el recorte vía impuesto o “contribución solidaria” es una opción que no hay que descartar, pero supone también hacer un análisis cuidadoso para que sea sostenible.

“No creo que automáticamente, por aprobarse en lo público, haya que implementarla en el sector privado. Ya el sector privado está bastante afectado”, manifestó Gutiérrez.