La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) participará en la elaboración de una propuesta para implementar licencias de paternidad en el país; sin embargo, el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya, advirtió que la institución requerirá de nuevas fuentes de financiamiento para poder ofrecer ese permiso laboral.
Esto se debe a que la Caja deberá asumir parte del salario del beneficiado durante el tiempo de duración de la licencia, la cual será establecida por una comisión interinstitucional que también la integran el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
“La conformación de esta comisión precisamente es para identificar los parámetros que hay que conjugar para hacer realidad la licencia de paternidad, para definir la duración de esa licencia y para definir las fuentes de financiamiento que le den sostenibilidad al programa”, aseguró Macaya.
En el caso de las licencias de maternidad, que contemplan un mes antes del parto y tres meses después del nacimiento, la Caja Costarricense de Seguro Social asume el 50% del salario de la mujer, mientras que el patrono debe aportar la otra mitad de la remuneración.
“Cuando nos consultaron (desde el Congreso) sobre un proyecto de ley expresamos que es una iniciativa loable, pero que necesitamos una garantía de que va a ser sostenible, por lo tanto necesitamos identificar precisamente cuáles son esas fuentes de financiamiento”, dijo el jerarca de la Caja.
Preocupación empresarial
La posibilidad de que los patronos ahora también tengan que asumir la mitad del salario, por la licencia a hombres con hijos recién nacidos, preocupa al sector privado, debido que este pago se convertiría en un nuevo gasto para las empresas.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresó su posición sobre el tema, mediante un comunicado de prensa.
“El costo asociado al recurso humano debe ser justo y razonable dada la dignidad del trabajo; sin embargo, si ese costo deja de ser razonable o sostenible, especialmente en función de otros costos y de las realidades de mercado, no se abren nuevas empresas, no se expanden las existentes y otras cierran o se trasladan del país.
“Recalcamos la importancia de un estudio de impacto económico y financiero, en la adopción de una medida como la que se pretende, y lo que puede generar en el sector privado, en el sector público o en la Caja Costarricense de Seguro Social”, dice el comunicado.
Además, la Unión de Cámaras asegura que el hecho de sumarle nuevos gastos a las compañías, impactaría negativamente sobre la competitividad del país, en un escenario en el cual, según los empresarios, el país atraviesa un mal momento económico.