El impacto económico de la pandemia de covid-19 dejó sin empleo a miles de trabajadores costarricenses, quienes se devolvieron a sus hogares sin dinero, pero llenos de necesidades en medio de una emergencia sanitaria.

Esta es la realidad de una familia santacruceña cuyo jefe de hogar fue despedido de una cadena de supermercados en la que trabajaba desde hacía cinco años.

Se quedó sin empleo en junio por recorte de personal, a pocos meses de que el virus empezara a esparcirse por el país.

Su esposa, quien habla a nombre de su hogar, prefiere no revelar su nombre ni tampoco mostrar fotografías de su familia, pues recién se recupera de la operación por un tumor en la piel.

La madre de un pequeño de un año y de otro muchacho de 18 que se gradúa del colegio, cree que decir su nombre podría quitarle las pequeñas oportunidades de encontrar trabajo para sostener el hogar.

Según ella, revelar su identidad llevaría a empleadores a no contratarla, pues podría tener algunos impedimentos para realizar ciertas actividades producto de su enfermedad.

Antes de que sufriera la patología, en media emergencia sanitaria, la mujer se dedicaba a la venta de comidas y a hacer remiendos de costuras.

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Cuando su esposo quedó desempleado, ambos recibieron el bono Proteger por tres meses. A ese dinero le sumaron el dinero de las prestaciones para sobrevivir con lo mínimo todos estos meses, extendiendo al máximo la plata.

Pero el dinero comienza a escasear. No alcanzará para comprar más comida a partir de la segunda quincena de diciembre, estima ella.

“Tenemos cero ingresos. No sabemos realmente qué vamos a hacer, porque el bebé requiere pañales y lo que requiere un niño, por más humilde que uno lo pueda tener”, afirmó.

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, el desempleo entre jefaturas de hogar, como ocurre en esta familia, creció 2,8 veces por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que permite “anticipar un crecimiento considerable de la tasa de pobreza”.

Ese dato se consumó en la Encuesta Nacional de Hogares de 2020, que reveló que el 26,2% de la población se encuentra en esa condición. Ese es el indicador más alto desde 1992.

La familia guanacasteca enfrenta esa condición, además, en plena atención médica por la enfermedad de la madre.

"Tuvimos que hacer dos viajes al Hospital México para que me hicieran la biopsia y la segunda cita para la cirugía. Eso requirió gastos que no teníamos, tenía que ir con acompañante.

"El seguro de salud llega hasta diciembre. La situación es que tengo que continuar en control y no voy a tener seguro. Además lo que implica el problema de salud, como gastos en bloqueadores, indispensables para poder salir, así como ropa tapada y sombrillas con filtros.

“Han sido un complot de situaciones que uno le hace frente porque no le queda más, pero hay momentos muy duros donde nos decaemos”, dijo la mujer.

Inclusive el pago de impresiones de currículos, fotocopias de documentos y pasajes de bus para que el padre vaya a ferias de empleo pesa demasiado en el presupuesto familiar.

“Hemos gastado lo poquito que no tenemos en copias. Tenemos que estar imprimiendo, sacando fotocopias y yendo a muchos lugares. Pensamos que mandar correos es hacerlo como uno más del montón, porque ni siquiera ponen una respuesta de recibido. Hemos mandado cantidades, pese a que se han abierto algunos establecimientos”, afirmó.

Simulaciones elaboradas por el Programa Estado de la Nación, señalan que unas 262.000 familias seguirían la tendencia de este hogar y caerían en pobreza, si uno de sus miembros activos en el mercado laboral llegara a quedarse desocupado.

Asistencia social

El impacto de la pandemia, señala el informe, ocurre en momentos de estrechez fiscal, lo que puede impactar en un debilitamiento de los programas de inversión social.

Además, el desempleo, las suspensiones de contratos y las reducciones de jornadas de los trabajadores desfinancian el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), principal fuente de recursos para programas sociales junto a las transferencias del Gobierno Central.

Un 60% de los recursos de esos fondos provienen del 5% que se recargan sobre las planillas de las empresas.

“Es muy probable que Fodesaf afronte una fuerte contracción en los ingresos y en las transferencias de los programas sociales por estar directamente ligados a la actividad económica, en el momento en que el país necesita mayores aportes a la lucha de la pobreza”, advierte el informe.

De acuerdo con Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), este es un peligro latente.

"Frente a un shock en el mercado laboral como el que ha generado la pandemia, ha sido imposible sostener el crecimiento del desempleo, aunque sí se ha logrado mitigar, igual que se ha logrado en una buena parte la pobreza, 4 puntos porcentuales, según la Encuesta de Hogares.

“Sin el sostenimiento de los empleos, nosotros no podemos sostener el financiamiento de los problemas sociales. Ahí debemos entender que esa es una responsabilidad de todos los que tenemos que salir de nuestros hogares a atender nuestras responsabilidades”, aseveró Bermúdez.

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El jerarca recordó que como parte de la fallida propuesta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno propuso eliminar esa recarga del 5% al sector productivo por cuatro años.

A cambio, se establecía un impuesto temporal a las transferencias y transacciones bancarias, para sostener la asistencia social.

De acuerdo con Bermúdez, todavía no se llega a discutir este punto en las mesas de diálogo que instauró el Gobierno. Sin embargo, afirmó que se tendría que discutir esa propuesta, así como posibles alternativas.

“Siempre hemos dicho que eso es viable en la medida que se establezca una fuente de recursos suficientes para no desfinanciar el sector social. Por ejemplo, una de las opciones que podría valorarse, es que ese impuesto que generó muchísimo rechazo por parte de la población, esté ubicado en un segmento de grandes transacciones”, aseveró el jerarca.

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