Juan Diego Córdoba González, Juan Fernando Lara Salas. 9 septiembre
En 2018, las nuevas autoridades del ICE detuvieron el traslado de funcionarios entre regímenes hasta que no se determinara la legalidad del pago de auxilio de cesantía. Fotografía: Rafael Pacheco.
En 2018, las nuevas autoridades del ICE detuvieron el traslado de funcionarios entre regímenes hasta que no se determinara la legalidad del pago de auxilio de cesantía. Fotografía: Rafael Pacheco.

Por orden de la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comenzó con el proceso para recuperar ¢2.267 millones que pagó de forma indebida a 143 funcionarios.

Se trata de un desembolso sin sustento jurídico que pagó por el concepto de cesantía a trabajadores que pasaron de la planilla del Instituto a otra de las empresas de Grupo ICE, entre los años 2016 y 2017.

En promedio, pagó ¢15,9 millones a cada funcionario.

De acuerdo con la oficina de prensa del Instituto, este miércoles se empezó a notificar a los 143 trabajadores que deberán devolver el dinero recibido.

“La gestión se regirá bajo los principios del debido proceso que, además, establecerá los mecanismos para realizar los pagos correspondientes”, comunicó la empresa estatal.

La erogación se realizó pese a que existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, de 2009, que declaró improcedente el pago de este derecho laboral cuando el ICE traslade a un trabajador de su planilla a una de sus empresas.

Ese documento y otro pronunciamiento de 2010 sirvieron de fundamento a la Contraloría para exigir la recuperación de los fondos desde el año 2018.

Además, tachó de “preocupante” que, pese a la existencia de esos criterios, el ICE hiciera un pago que “dista del cumplimiento de la normativa legal aplicable”.

"En el inicio de la actual administración se ordenó detener el traslado de funcionarios entre regímenes con el fin de determinar su legalidad. En diciembre de ese mismo año, la Contraloría instruyó al Instituto cobrar el dinero pagado por el auxilio de cesantía”, señaló el ICE.

En enero de 2019, el Consejo de Gobierno separó a seis directivos titulares del ICE mientras investigaba presuntas irregularidades, como el pago indebido de cesantías.

Entre los directivos estaban Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.

Cuatro de ellos fueron investigados por las cesantías sin sustento jurídico.

La otra presunta irregularidad, por la cual sigue la investigación, fue el nombramiento de Jaime Palermo Quesada como gerente general interino del ICE, sin que contara con los requisitos técnicos y de idoneidad necesarios, según advirtió entonces la presidenta ejecutiva, Irene Cañas.

Finalmente, en noviembre de ese mismo año, el Consejo de Gobierno nombró a cinco nuevos miembros de la Junta Directiva.