La recaudación del impuesto diferencial a los combustibles permitirá financiar la entrega de 2.000 nuevos bonos Proteger para personas desempleadas o con reducción de ingresos por efectos de la pandemia.
Se trata de ¢1.040 millones que se tramitan actualmente en la Asamblea Legislativa bajo el tercer presupuesto extraordinario, que fue dictaminado este viernes por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
No obstante, esos serían los últimos fondos que se entreguen bajo el programa actual de Proteger.
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De acuerdo con el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, el programa entraría en una etapa de reformulación, para pasar de la entrega de subsidios al ofrecimiento de programas de capacitación e intermediación laboral para la búsqueda de empleo.
Esas modificaciones, alegó Bermúdez, se deben a que el país avanza hacia la reapertura de actividades económicas, dejando de lado los cierres para enfrentar la emergencia, bajo el modelo de “Costa Rica trabaja y se cuida”.
"Bono Proteger sirvió como un puente, un beneficio de emergencia que nos permitió atender las necesidades reales de las familias en el momento de mayor confinamiento y restricción (...) dado a que esa realidad ha cambiado, Proteger debe evolucionar.
“Hemos visto la necesidad de que incluso las personas que no hemos podido brindarles el bono Proteger, podamos ofrecerles otras alternativas, que tienen que ver con facilitar el acceso a programas de capacitación, formación, facilidades para la formalización e incluso la intermediación laboral”, aseveró el jerarca.
La plataforma también dirigiría una asistencia al sector turismo; sin embargo, Bermúdez no brindó mayores detalles al respecto.
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El Gobierno dio los primeros indicios de cambio en el programa en junio anterior, cuando habilitó 50.000 becas para solicitantes que no recibieron el subsidio económico, con el propósito de que pudieran capacitarse en idiomas, tecnología de la información y múltiples herramientas a través de la plataforma Coursera.
El jerarca del IMAS afirmó que se uniría la oferta educativa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como los programas de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“El dinamismo que veíamos antes de la pandemia exigía cada vez más capacidades, habilidades para el trabajo colectivo, un segundo idioma. Ahora con mucha más razón, en una sociedad que aceleró la digitalización y transformación de los procesos productivos, se va a requerir a un personal que tenga esas habilidades”, dijo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, a la fecha unas 685.000 personas recibieron el beneficio.
A 522.000 de los beneficiarios ya se les extinguió el subsidio, pues recibieron los tres depósitos.
Entretanto, a unas 151.000 personas afectadas se les giró el primero de los tres pagos, en los últimos días.
Los subsidios son de ¢125.000 mensuales, por tres meses, para quienes reportan cero ingresos producto de los efectos de la pandemia. Y de ¢65.000 mensuales, por el mismo periodo, para quienes vieron reducidos sus salarios o ingresos.
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Bermúdez también reconoció que, ante el alto desempleo propiciado por la pandemia, requerirán de la creación de más programas de asistencia social, para que esas personas desocupadas y sus familias puedan satisfacer sus necesidades básicas.
“Hay que decirlo, debemos entender que con los niveles de desempleo que tenemos, sigue existiendo una afectación importante en los ingresos de las familias, que además se concentra en las mujeres. Para eso debemos seguir garantizando una expansión de la inversión social. Y esto no lo dice el gobierno, lo dijo en días recientes la Comisión Económica para América Latina (Cepal)”, dijo Bermúdez.