Juan Diego Córdoba. 19 marzo
La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social mantiene negociaciones con los sindicatos de salud sobre los alcances de la reforma fiscal, aprobada el 4 de diciembre pasado. Fotografía: Rafael Pacheco
La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social mantiene negociaciones con los sindicatos de salud sobre los alcances de la reforma fiscal, aprobada el 4 de diciembre pasado. Fotografía: Rafael Pacheco

La indecisión de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre aplicar o no los rebajos de anualidades y otros incentivos, como lo dispone la reciente reforma fiscal, generó el rechazo del sector empresarial costarricense.

Este grupo también evidenció su molestia ante la negativa de los rectores de aplicar los alcances de la ley en sus centros de enseñanza.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) le exige a las autoridades de las instituciones públicas, cumplir a cabalidad todos los alcances para la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Al igual que condenamos la posición de los rectores de las universidades públicas, quienes se niegan a cumplir con la regla fiscal, es inaceptable que ahora se pretenda hacer lo mismo en una institución como la Caja", aseguró el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado.

Marielos Alfaro, Álvaro Salas y Christian Steinvorth, representantes de la Uccaep ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dejarán clara la posición empresarial ante la institución pública.

“Es nuestro deber externar nuestro total respeto y apego a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como indicar a los miembros de la junta directiva de la Caja que no podemos tener islas independientes en la función pública y tenemos que cumplir la ley en todos sus extremos dentro de la institución”, indicó Delgado.

La Caja Costarricense de Seguro Social todavía no define si aplicará la medidas de ahorro que establece la reforma fiscal en el caso de las anualidades que les paga a sus profesionales de Ciencias Médicas.

La duda de la institución está en que los médicos y enfermeros tienen leyes especiales que definen el incentivo.

Por la Ley de Incentivos Médicos y el Estatuto de Servicio de Enfermería, el personal médico de la Caja y de las instituciones públicas recibe cada año laborado entre un 3,5% y un 5,5% adicional de su salario base por cada año laborado.

La reforma fiscal estableció que, a partir de este año, las anualidades serán reconocidas como un monto fijo, ya no un porcentaje, y que el cálculo inicial equivaldrá a un 1,94% del salario base en el caso de los profesionales y un 2,54% para el resto, en todo el sector público.

En la misma vía, los rectores universitarios aducen que las instituciones académicas “no están sujetas a la ley del Gobierno”, por el grado de autonomía que gozan.

Los jerarcas de las cinco instituciones de enseñanza superior enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que elimine la mención de esas instituciones del reglamento para la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 4 de diciembre anterior.

Las universidades exigen quedar exentas de aplicar límites a salarios, anualidades, cesantía y de una nueva evaluación del desempeño que en esa legislación se establece.

"El pago exorbitante en cesantías, pluses salariales y pensiones de lujo se hace insostenible para las finanzas del Estado. De avanzar en esa posición, los rectores toman una postura de egoísmo y desinterés por el bienestar de Costa Rica, amparados en una autonomía que solo ellos parecen entender”, criticó el presidente de Uccaep.

Para los rectores, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no los cobija, porque no se les menciona expresamente. Sin embargo, el título que se refiere al empleo público menciona que la aplicación será para la administración central y la descentralizada, esta última incluye instituciones autónomas y semiautónomas.

El decreto ejecutivo que reglamenta la ley sí alude a las universidades de manera directa. Por esta razón, acordaron pedirle al mandatario eliminar esa mención al considerarla inconstitucional y violatoria de su autonomía.