Juan Diego Córdoba González. 24 agosto
El 61% de los beneficiarios de bono Proteger son trabajadores independientes o informales, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fotografía: Rafael Pacheco.
El 61% de los beneficiarios de bono Proteger son trabajadores independientes o informales, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fotografía: Rafael Pacheco.

La ausencia de indicadores y metas en la formulación del Plan Proteger, creado por el gobierno para entregar ayudas económicas a trabajadores golpeados por la pandemia, complicará la medición de los resultados de ese programa social.

Esa advertencia la realizó la Contraloría General de la República (CGR) tras ejecutar dos auditorías sobre el diseño de la política pública, así como de la plataforma tecnológica utilizada para gestionar las entregas.

Según el órgano contralor, ante la ausencia de esos elementos de planificación básicos, se pierde la trazabilidad de los efectos que podría generar esta política pública frente a la emergencia sanitaria.

“Las limitaciones señaladas afectan el monitoreo y evaluación del programa, de importancia para la toma de decisiones oportuna y la atención de desviaciones en los resultados.

“Bajo esa línea, la falta de trazabilidad del objetivo general, la ausencia de objetivos específicos e indicadores asociados, dificulta a las instituciones ejecutoras determinar el cumplimiento de la razón de ser del bono Proteger, aspecto que se aleja de una adecuada planificación para resultados y que en un contexto de emergencia, recobra mayor relevancia su formulación”, señala el informe de auditoría.

Las carencias en la formulación del bono Proteger, concluye la Contraloría, no permiten valorar con certeza la calidad y el alcance del planteamiento original, lo que afecta la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.

El gobierno creó el programa social en abril pasado, ante la necesidad de proteger a trabajadores afectados por la suspensión de actividades económicas, debido a las medidas sanitarias para contener la propagación del nuevo coronavirus.

El propósito era asignar ayudas económicas temporales.

Las personas que quedaron desempleadas o con suspensiones de contratos por el freno de actividades económicas, pueden solicitar una ayuda económica de ¢125.000 mensuales durante tres meses.

Entretanto, aquellos trabajadores asalariados con reducción de jornada o independientes e informales con reducción de ingresos, pueden optar por una ayuda de ¢62.500 mensuales, por el mismo periodo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a cargo del programa, ha asignado hasta la fecha 588.820 bonos.

El 38,14% de los beneficiarios corresponde a trabajadores independientes y el 23,08% es informal. Entretanto, el 22,57% quedó sin empleo, el 10,23% enfrenta reducción de jornada y el 5,97% la suspensión de su contrato.

Servicio a usuarios

En otra de las auditorías, la CGR señaló carencias en la plataforma tecnológica, principalmente porque no le determina a los usuarios el tiempo de respuesta de su solicitud, tampoco resolución de incidentes o solicitudes adicionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a cargo de este programa.

La ausencia de esos elementos, advierte la Contraloría, limita la capacidad del MTSS de evaluar la calidad del servicio que brinda a los solicitantes del bono, así como la imposibilidad de detectar algunos problemas para solicitar mejoras al proveedor del servicio informático.

“Si bien se reconoce que las acciones para la puesta en marcha y operación de la plataforma se han realizado en un contexto de emergencia, debe prevalecer una gestión administrativa transparente, útil y razonable que satisfaga los fines públicos, para lo cual las buenas prácticas contemplan el análisis del servicio una vez que se encuentra en ejecución, con el fin de alinear los requisitos contemplados inicialmente con los niveles de servicio reales, en aspectos como tiempos de servicio, disponibilidad, rendimiento, capacidad, seguridad, continuidad y cumplimiento normativo y regulatorio, así como limitaciones de la demanda”, señala el estudio.

En otra de las revisiones realizadas por la Contraloría, se señaló el desorden y la falta de coordinación entre instituciones para la entrega de paquetes de víveres para ayudar a las familias afectadas por la pandemia.

Más de 845.000 paquetes se han entregado sin ningún tipo de articulación entre las instituciones involucradas y cada una haciendo lo que considera que es mejor, según detalló ese informe.

En ese proceso participan los comités municipales de emergencia, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).