La pandemia del nuevo coronavirus podría dejar a unas 500.000 personas sin empleo para este mes.

Esa es una de las estimaciones que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de los efectos de la crisis económica causada por las medidas contra la pandemia de covid-19 en el país.

De acuerdo con el gerente financiero de la entidad, Luis Diego Calderón, la proyección se realizó en marzo, cuando se confirmó el primer caso y se aplicaron restricciones por la emergencia sanitaria.

“Hicimos un flujo proyectado para procurar tener escenarios sobre la disminución de nuestros ingresos. En el escenario más crítico se ve una caída de 500.000 trabajadores al mes de mayo y luego una recuperación paulatina durante todo el año sin llegar, por supuesto, al final del 2020, a los niveles que teníamos previamente”, afirmó Calderón.

Esa realidad golpeará las finanzas de la Caja, debido a que el pago de cuotas obrero-patronales representa el 80% de los ingresos de la entidad.

El 65% de esos fondos provienen del sector privado, mientras que el restante 35%, del sector público.

De acuerdo con Calderón, la CCSS tenía 1,8 millones de trabajadores asegurados a febrero de 2020. “Esto incluye trabajadores asalariados, independientes y asegurados voluntarios”, afirmó.

Según el funcionario, todavía no se pueden calcular los efectos reales de la pandemia sobre el empleo.

“Lo único que hemos facturado a la fecha es marzo (primer caso se presentó el 6 de marzo) y no vimos un efecto importante en la cantidad de trabajadores, ni tampoco en el monto facturado.

"Pero estamos hablando que en abril observamos lo que realmente sucedió en marzo, porque facturamos a mes vencido. Entonces lo que estamos haciendo es monitoreando el comportamiento”, expresó.

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Medidas

De acuerdo con el gerente financiero, se revisará el portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología para hacerle frente al impacto financiero que sufrirá la CCSS a raíz de la pandemia.

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Según Calderón, la idea no es suspender las inversiones sino adaptarlas a la realidad financiera de la institución.

En la lista de proyectos se encuentran 50 Ebáis y 34 clínicas y hospitales, algunos de ellos ya están en proceso de ejecución como el edificio de quirófanos del Hospital México, la torre este del Calderón Guardia o el nuevo inmueble del Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El funcionario señaló que el impacto en el seguro de salud es mayor al de las pensiones, pues además de la disminución de ingresos, enfrentan un aumento en los gastos para atender la emergencia sanitaria.

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El Gobierno instauró una mesa de negociación con la institución, luego de que la Junta Directiva reclamara por la deuda de ¢1,95 billones que mantiene el Estado con esa entidad.

Ese monto se arrastra desde los años 80 y obedece a cuotas patronales adeudadas por parte del Gobierno.

A raíz de ese diálogo y por presiones de diputados, se acordó que el Poder Ejecutivo trasladaría $60 millones a la entidad para mitigar la baja de ingresos en la institución.

Esos fondos provienen de un préstamo por $380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aprobado por los diputados el pasado sábado.

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CCSS cobra por información pública

Para estimar la pérdida de empleo real, La Nación solicitó los datos oficiales del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) a inicios de abril.

La información solicitada correspondía al total de trabajadores de los tres meses anteriores.

Esos datos eran necesarios para modelar la evolución del empleo en el último trimestre y observar el impacto inmediato de la pandemia.

También se pidió la información del último de esos meses, pero del año anterior, para observar la variación interanual y analizar distintos escenarios.

Sin embargo, la CCSS indicó que para tener acceso a esa información pública había que pagarla.

“Se nos ha informado por el Área de Costos, que extraer la información tendría un costo de ¢99.000. Monto que habría que cancelar previo a la entrega de información, de acuerdo a lo establecido”, señaló el departamento de prensa.

La entidad señaló que para cobrar por información que requiere procesamiento de datos se fundamentan en la resolución 2014004037 de la Sala Constitucional.

“Cuando la solicitud de información contenida en la base de datos del Sicere implique el procesamiento de datos, la segregación de variables y la generación de una salida en un formato determinado, la institución se encuentra en la obligación de solicitarle al interesado que cubra los costos en los que incurre por suministrarla”, afirmó Luis Rivera, director de Sicere.