Diego Bosque. 18 enero, 2016
En junio del año anterior, decenas de taxistas realizaron tortuguismo por la ruta 27 (San José-Caldera) para pedir a la Aresep una revisión de sus tarifas.
En junio del año anterior, decenas de taxistas realizaron tortuguismo por la ruta 27 (San José-Caldera) para pedir a la Aresep una revisión de sus tarifas.

La Unión Costarricense de Taxistas (UCT) asegura que protestará frente a los principales centros de votación el próximo 7 de febrero, día de las elecciones municipales, si el Gobierno no toma acciones contra el sistema de transporte Uber.

Rubén Vargas, presidente de la UCT, señaló que este lunes entregarán un documento en Casa Presidencial en el que expresan los argumentos contra Uber y solicitan una reunión con el presidente Luis Guillermo Solís.

El dirigente afirmó que si no reciben una respuesta pronto se manifestarán frente a unos 100 centros de votación.

"No vamos a bloquear la entrada a los centros electorales, vamos a ir y nos vamos a parquear bien, llevaremos pancartas y nos mantendremos pitando", dijo Vargas.

La Unión Costarricense de Taxistas agrupa a 3.000 afiliados, según Vargas.

Uber es una firma que ofrece transporte por medio de una aplicación de teléfono celular o tableta, que enlaza a particulares –que deseen utilizar su vehículo para dar servicios– con clientes potenciales a cambio de un pago automático mediante tarjeta de crédito o débito.

Este sistema inició operaciones en Costa Rica en agosto del año anterior, desde su entrada el Consejo de Transporte Público ha inisitido en que la empresa debe someterse a las regulaciones vigentes para el transporte remunerado de personas. Sin embargo, la empresa sostiene que ofrece un servicio privado.

La Nación ha consultado, en varias oportunidades, cuántos choferes tiene Uber en el país, pero han contestado que no brindan esa información.

Héctor Fernández, director general del Registro Electoral, expresó que están al tanto de las posibles protestas de taxistas el día de las elecciones.

El funcionario hizo un llamado a los transportistas para que se pronuncien de forma pacífica y no impidan el acceso a los centros de votación.

"El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la obligación de garantizarle al ciudadano su derecho al sufragio, en la medida de que la protesta se mantenga sin bloquear la entrada a los centros de votación nosotros nos mantendremos solamente monitoreando", declaró Fernández.

Este 7 de febrero están convocadas a votar 3,2 millones de personas en más de 2.000 centros de votación.