Hastiados de encontrar su casa sin un solo electrodoméstico, de hurtos, asaltos y hasta de parejas que aprovechan lotes baldíos para pasar la noche, muchos vecinos colocan una aguja para regular el acceso a sus urbanizaciones.
Ese dispositivo es uno de sus principales aliados en la lucha contra el hampa, pero también el origen de disputas con personas que reclaman afectación en la libertad de tránsito.
Las agujas en barrios son prohibidas porque la Constitución Política establece el derecho al libre tránsito. La excepción a esta regla son los condominios, que se rigen por una ley propia que les proporciona la posibilidad de establecer el derecho de admisión.
Empero, muchos alcaldes son tolerantes dado el clamor de los habitantes de tener un poco de protección ante los delincuentes. Por eso, no eliminan las agujas por iniciativa propia.
Juan Rafael Marín, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), reconoció esa displicencia.
“Si lo vemos desde el punto de vista de legalidad, las agujas no pueden estar ahí pues interrumpen una vía cantonal, pero al mirarlo desde el lado de la seguridad, las agujas son importantes.
“Un abogado dice que deben quitarlas; un vecino que viva en ese barrio afirma que es indispensable para protegerse”, agregó.
Édgar Mora, alcalde de Curridabat, San José, reconoció que “al retirar una aguja no hay ninguna otra propuesta para mejorar la seguridad en esa comunidad”.
Meza opinó que el libre tránsito es un derecho, pero también lo es la seguridad de las personas.
“Somos ciudadanos hartos de esperar que se resuelva (la inseguridad). De nosotros surge que nos protejamos”, dijo Meza.
Sonia Mayela Castro, quien vive en la Urbanización Río Oro , en Santa Ana, y es parte de esa Red, también implora por ese mecanismo.
“En mi barrio teníamos a un sátiro a tiempo completo, los chiquillos ni siquiera podían salir a jugar. Desde que pusimos la aguja no volvió. Tampoco entran delincuentes en un camión a robarse todo lo de alguna casa”, afirmó.
No obstante, el jueves por la tarde, la Municipalidad de Santa Ana retiró el dispositivo de seguridad de ese barrio, ante una orden de la Sala Constitucional.
Dicha acción la interpuso Esteban Arroyo Barrera. “No tengo problemas con las agujas en general, pero en este caso hay un peligro porque para abrir el paso la aguja tapa un carril completo y eso es muy peligroso.
“A los conductores los detienen y les piden información y esa calle es pública”, manifestó Arroyo.
Entre tanto, la Fuerza Pública duda de que las agujas den buenos resultados.
Esto es refutado por los vecinos.
“Sí tiene un buen efecto. Aunque no se impide el acceso a nadie, quien tenga intenciones de delinquir se siente un poco evidenciado con solo tener que explicar hacia dónde va y lo obliga a pensar dos veces antes de actuar”, opinó Walter Umaña, presidente de la Asociación de Vecinos de La Caraña, en Santa Ana, San José.