Vecinos de Sardinal opuestos a acueducto encerraron a personal de AyA

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó la mañana de este lunes que interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz, pues los opositores del proyecto cerraron el colegio e impidieron el ingreso de lugareños interesados y la salida de los trabajadores tanto del Instituto como del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"Estas son formas que ayudan a tener a la gente engañada en este proceso, queremos que toda la gente tenga la información de primera línea, estos actos entrañan violencia. Hubo funcionarios que en un momento no podían salir por temor a su integridad física y estas no son cosas que se pueden estar dando en Costa Rica", expresó Manuel Salas, gerente del AyA.

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El funcionario añadió que ya en otras ocasiones han enfrentado "griterías y ruido" cuando se intenta realizar reuniones para dar información sobre el proyecto a la comunidad.

Meses atrás, el AyA también denunció actos de vandalismo que afectaron los pozos que se construyeron como parte del proyecto y preparan otra acción contra hechos violentos que en dos ocasiones impidieron el inicio de los trabajos.

Salas aseguró que la construcción del acueducto no se detendrá, e insistió en que el acuífero cuenta con caudal suficiente para su aprovechamiento.

"Estamos ante un acuífero que es posible aprovechar el caudal que tiene una recarga de 1.100 metros por segundo, de los 440 litros disponibles para aprovechar solo se va a aprovechar una sexta parte (..) "No podemos arriesgar el agua para todo un pueblo, si se da un fenómeno de salinización podríamos afectar a más de 10.000 personas", explicó.

El AyA coordinó con la Fuerza Pública para resguardar la seguridad de los trabajadores y vecinos así como de la maquinaria que se utiliza en el proyecto.

Los vecinos del Coco y Ocotal llevan más de 10 años esperando la construcción del acueducto que beneficiará a unas 34.000 personas.

La obra cuesta ¢1.730 millones, y será construida con fondos públicos de esa entidad.

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El acueducto constará de un tanque de almacenamiento, las tuberías y el campo de pozos y se estima que entre en operación en marzo del 2018.

El tema de la disponibilidad de recursos ha sido uno de los principales conflictos que ha enfrentado a la institución con un grupo de la comunidad.