San José
El ICE recibió por segunda vez una orden judicial de reinstalar en su puesto a una abogada a quien intentó despedir, luego de que ella denunció posibles irregularidades en la entidad.
La nueva resolución la emitió el Tribunal Contencioso Administrativo el 17 de marzo, al acoger una solicitud de medida cautelar presentada por Gabriela Sánchez Rodríguez, funcionaria de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Sánchez planteó esa solicitud el 19 de octubre del 2016, según precisa el expediente 16-007-549-1027-CA.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2015, cuando la abogada redactó un criterio jurídico en el cual sugirió rebajar el salario a 300 empleados de la entidad que ganaban como jefes, aunque ya no ejercían funciones de jefatura.
Luego; sin embargo, fue instada por autoridades del ICE a modificar ese criterio, solicitud a la cual se negó, al tiempo que informó a la Contraloría General de la República y acudió al Tribunal Contencioso.
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Meses más tarde y mientras se encontraba incapacitada, Sánchez fue notificada de su despido mediante el oficio 0150-1492-2016, del 19 de julio de 2016. En ese documento, Francisco Garro, gerente corporativo del ICE, le informó del cese de funciones por considerar que ella no debió elevar su caso a la vía judicial, al tratarse de un conflicto interno que "pudo haberse planteado de otra manera, menos grotesca".
En criterio del ICE, Sánchez transmitió una imagen incorrecta del Instituto "como una empresa en que supuestamente se amenaza a las jefaturas y en la que se permite el imperio de la ilegalidad".
Aquella decisión también motivó el pronunciamiento de 12 diputados de cinco fracciones quienes enviaron una carta al presidente Luis Guillermo Solís para solicitarle que investigara la "persecución laboral y política" contra la funcionaria. En la misiva, los legisladores señalaron a Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica del ICE, como la responsable del despido.
El 11 de agosto de 2016, Sánchez volvió a la entidad luego de que el juez Billy Araya Olmos acogió una medida cautelar provisionalísima. Sin embargo, el Instituto incumplió parcialmente la orden, pues envió a la abogada al Fondo de Garantías y de Ahorro del ICE, y no al cargo que tenía inicialmente.
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Por esa razón, la afectada planteó un nuevo reclamo en octubre.
El viernes anterior, una decisión de Tribunal Contencioso Administrativo, emitida por la jueza Karen Calderón Chacón, acogió la medida cautelar en forma definitiva y ordenó al ICE situar a la abogada en su plaza original y en las mismas condiciones laborales que tenía antes de la gestión de despido. Sánchez, además, tiene un plazo de 15 días para que presente la demanda de fondo contra el Instituto.
Se supone que la funcionaria debe ser reincorporada esta semana a su posición y a las actividades originales en la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales.
"Se advierte a las partes involucradas que ello deberá ser verificado de ser necesario (reinstalación) y de seguir la discusión al respecto, en fase de ejecución de sentencia", dijo la jueza Calderón.
La mañana de este lunes se le consultó al Instituto sobre el acatamiento de la orden. La oficina de prensa de la institución indicó que darían respuesta posteriormente.