Yeryis Salas. 9 noviembre
Los trabajadores volvieron a los puertos el 10 de octubre. Foto: Presidencia.
Los trabajadores volvieron a los puertos el 10 de octubre. Foto: Presidencia.

La ilegalidad de la huelga en los puertos de Moín y Limón fue ratificada este jueves por el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.

En sus apelaciones, el gremio de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) alegó errores de concordancia de la sentencia, que el juzgado no fundamentó la calificación de la naturaleza de la huelga y vicios de inconstitucionalidad.

El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) también señaló incompetencia en razón del territorio del Juzgado que emitió la sentencia, indebida valoración de la prueba ante hechos públicos y notorios, indebida fundamentación y quebranto al principio de juez natural.

No obstante, el Tribunal determinó que estos argumentos no eran suficientes para revocar la declaratoria de ilegalidad emitida el 26 de setiembre, pues el movimiento afectó un servicio esencial y porque el sindicato no agotó las vías previas de conciliación.

“No se localizan defectos u omisiones causantes de nulidad. En lo que ha sido motivo del recurso se confirma la sentencia que declara la ilegalidad de la huelga, sin especial condenatoria en costas”, señala el por tanto del fallo.

Ante los alegatos de inconstitucionalidad de los artículos y reglamentos que califican a los servicios portuarios como esenciales, los jueces definieron que los tribunales no están “facultados para anular o dejar de aplicar disposiciones normativas cuya constitucionalidad esté siendo cuestionada por las partes”.

Los sindicatos también mencionaron documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los que la carga de bienes en muelles no se considera un servicio esencial.

Sin embargo, la sentencia, entre otros argumentos, se ampara en el artículo 15 del Código de Trabajo, que indica que se acude a la OIT en casos no previstos en el Código, el cual sí legisla sobre la actividad de carga y descarga de barcos.

El caso fue visto por los jueces Adriana Chacón Catalán, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Luis Eduardo Mesén García.

La huelga en Japdeva duró un mes, al finalizar el 30 de octubre. En ese periodo los puertos, tomados por la Fuerza Pública, atendieron 85 buques mercantes y tres cruceros.