José Lino Chaves, presidente del Tribunal Ambiental, aseguró que desde la fijación de dicha medida no se realiza ni una terraza más en la zona y se detuvo la entrada de material y maquinaria para las construcciones.
Según Chaves, el resultado se debe en parte a las inspecciones permanentes que realiza la municipalidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con colaboración de la Fuerza Pública.
Además en los próximos días iniciará el amojonamiento de la Zona Protectora para evitar que se vendan lotes dentro de estos terrenos.
Por su parte la alcadesa de La Unión, Lydia Garita, indicó que ya se contactó a unas 16 familias de las 46 que deben notificar en la zona y que se están mandando inspectores constantemente.
La alcaldesa añadió que están a la espera de la resolución de la Procuraduría a la consulta sobre los derechos indivisos que fueron otorgados a quienes adquirieron los lotes para construir, en una zona no apta para la vivienda.
En caso de que la Procuraduría indique que dichos derechos no son legales, la municipalidad podría realizar el desalojo de quienes habitan en ese sector.
Garita aseguró que el problema social no deja de preocuparles pues la medida afectaría a unas 300 personas que viven en dicho lugar y habría que buscar una solución para estas familias.
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