La empresa Tigo y Eugenia Cartín Barrios fracasaron en el intento de parar una demanda por daños y perjuicios que la traductora interpuso contra la empresa por la divulgación un audio que revela sus datos personales.

La audiencia de conciliación se realizó este jueves, de manera oral y pública, en el Juzgado Civil de San José. La intención era que representantes de la empresa Millicom Cable Costa Rica S.A., que opera bajo la marca Tigo, y Cartín acordarán una suma.

Cartín reclama $500.000 por daño moral y perjuicios ocasionados a su imagen.

Jonatan Picado León, apoderado especial judicial de Tigo, reconoció que su representada acudía sin una oferta específica pero anuente a conciliar si Cartín Barrios y su representante legal, Rodolfo Alvarado, rebajaban el monto pretendido.

La traductora y su representante mostraron su disposición a bajar “sustancialmente” la pretensión original consistente en $250.000 por daños morales y $250.000 por daños materiales.

Sin embargo, no se llegó al arreglo porque Picado León adujo carecer de autorización expresa de Tigo para avalar la nueva propuesta que no se conoció.

“La empresa Tigo continuará ahora este proceso hasta la espera de una decisión del Juzgado”, añadió el representante.

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Cartín Barrios presentó la demanda contra Tigo el 5 de mayo del 2017 por la filtración a redes sociales de una conversación que sostuvo con un empleado de servicio al cliente de la compañía en abril de ese año.

El audio revela datos de la traductora de 74 años como su nombre completo, lugar de residencia, número telefónico y cédula de identidad, los cuales ella proporcionó cuando llamó a pedir asistencia por interrupciones con su servicio de Internet contratado.

Durante el intercambio, Cartín se enfureció al punto lanzar gritos e insultos contra el empleado. Al final de la llamada, con la voz quebrada, la clienta se disculpa por su comportamiento y le pide perdón.

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Pruebas admitidas

Durante la audiencia, el representante de Tigo impugnó dos audios presentados como pruebas adicionales por parte de Cartín y su abogado, en noviembre y diciembre del 2017.

Los audios contienen comentarios de burla y bromas hacia la traductora divulgados en espacios radiofónicos durante esos meses.

Picado León solicitó descartar los audios al aducir que se desconocía “la procedencia, quién los grabó o sus fechas de divulgación”, asimismo que y carecían de autenticidad como prueba "al incumplir con elementos suficientes para considerarla objetiva”.

Picado sugirió que los audios pudieron haber sido “autogenerados”.

Hasta este punto del proceso, la representación legal de Tigo ha sugerido como parte de su estrategia de defensa que pudo ser Cartín Barrios quien realizó la grabación que originó la demanda.

El abogado de Cartín defendió la prueba al alegar que demuestran el daño moral sufrido por su cliente, porque en ambas producciones se le vuelve a victimizar.

Al final, el juez Juan Carlos Cerdas Bermúdez sí admitió los audios pues será en una etapa posterior cuando las partes discutirán sobre la autenticidad, origen y fecha de divulgación.

Además, consideró que los comentarios contenidos en esos dos audios “son coherentes con lo que se discute.

El juez también solicitó que un perito en material audiovisual determine si el audio divulgado en abril del 2017 –que dio origen al caso– se realizó en el marco de una llamada procedente de la casa de Cartín Barrios al representante de Tigo.

Calificó esa prueba pericial como "de suma importancia”.

El juez recordó que los demandados han mantenido en el proceso que ese audio no provino de Tigo por lo cual “se ordena de oficio recabar esa prueba”.

Tigo ha rechazado la responsabilidad por la filtración.

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En marzo pasado, el Tribunal Civil de San José condenó a la televisora Repretel a pagar ¢70 millones a Cartín por vulnerar y lesionar su imagen al divulgar una imitación suya en sus transmisiones de fin y principio de año del 2017, inspiradas en la supuesta filtración.