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Por tratarse de una actividad gratuita, de libre acceso y cumplir un interés público, la ley de telecomunicaciones les dejó a las emisoras de radio y televisoras las tarifas establecidas por la ley de radio de 1954. | ARCHIVO. (Juliana Barquero)
La Sutel tiene congeladas unas 12 denuncias por interferencias en frecuencias de radio y televisión.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) decidió no darles trámite a las quejas porque las empresas de radiodifusión (emisoras de radio y televisoras) no le pagan el canon para regulación.
Ante la duda, el ente rector espera que la Contraloría General de la República resuelva una consulta que le hizo sobre este tema antes de actuar con las denuncias.
Glenn Fallas, director de Calidad de la Sutel, dijo que las denuncias son variadas. Por ejemplo, algunas se quejan de emisoras “piratas”; es decir, aquellas que se cuelgan ilegalmente de una frecuencia ya asignada a otro concesionario.
También, por interferencias o cruce en las conversaciones entre empresas de radiocomunicación.
La nueva ley de telecomunicaciones eximió de las regulaciones de la Sutel, y del pago del canon de reserva del espectro, a los servicios de radiodifusión de acceso libre.
Sin embargo, sí obliga a la Superintendencia a planificar, administrar y controlar todo el espectro radioeléctrico, incluyendo el utilizado para radio y televisión.
De acuerdo con la ley de radio, estas empresas pagan una cuota según la frecuencia y cantidad de megahercios (MHz) concesionados.
No obstante, las tarifas fueron fijadas hace muchas décadas y no se han actualizado. Además, los recursos van al Ministerio de Hacienda y no a la Superintendencia.
El resto de los concesionarios de frecuencias radioeléctricas dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones y los radioaficionados sí deben pagar una tasa de regulación a la Sutel.
En ese grupo se ubican empresas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), hasta ahora el mayor contribuyente. La entidad debía pagar ¢562 millones por ese concepto, correspondiente al último trimestre del 2010.
Con esos recursos, la Sutel financia los gastos en equipos y personal para supervisar y regular el uso adecuado de ese recurso.
Natalia Ramírez, asesora de la Dirección de Calidad, dijo que es contradictorio que se les fije la función de regular todo lo relacionados con interferencias y no se les den los recursos correspondientes.
“Las denuncias están congeladas hasta que la Contraloría se pronuncie al respecto”, explicó.
Consultada al respecto, la viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, señaló que la Administración Pública está obligada a cumplir las funciones de ley.
“La ley dividió el tema de radio y televisión en dos, le quitó al Poder Ejecutivo la parte de interferencias y la pasó a la Sutel. Es una obligación de cumplimiento de ley”, aseguró la viceministra.
