Los sindicatos incitan a los trabajadores municipales a sumarse a la huelga contra una norma que regula el despido de funcionarios por cierres de programas, reducción forzosa o reorganización de los gobiernos locales.

El llamado a la protesta, sin embargo, no indica que esa norma tiene 21 años de vigencia.

Se trata del artículo 155 del Código Municipal, para el cual se discute una reforma en el Congreso que no modifica el fondo, solo detalla el mecanismo que deben seguir los alcaldes para aplicarla. Esto es, que de tomar esas decisiones lo hagan amparados en estudios técnicos y con respeto a derechos de los trabajadores.

“En el Código Municipal está explícito lo que ahorita los sindicatos dicen que es nuevo. Eso tiene 21 años de existir. Más bien se le está dando potestad al alcalde o alcaldesa para que pueda ejecutar lo que ahí dice”, manifestó la diputada Aracelly Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsora de ese proyecto.

En un comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el secretario general de esa organización, Albino Vargas, afirma que la iniciativa pone en peligro la estabilidad de los servidores municipales.

“Estamos alarmados. Lo último que estamos viendo es un proyecto para flexibilizar despidos y para convertir la figura del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despido de personal”, dijo Vargas.

La legisladora socialcristiana descartó que el proyecto tenga el fin que indica el secretario general de ANEP.

“Para hacer modificaciones menores administrativas que no son discrecionales ni antojadizas, el alcalde debe tener un estudio técnico y no puede ir en contra de los manuales de organización municipal que están aprobados en cada municipio y bajo la condición que respete la estructura general de la municipalidad. Por supuesto, defendiendo los derechos fundamentales de los trabajadores", indicó Salas.

La socialcristiana sostuvo que el proyecto dictaminado en la Comisión de Asuntos Municipales no permite a los alcaldes despedir a dedo a los servidores. También desechó la posibilidad de que la iniciativa sea archivada, como así lo exigen los sindicalistas.

Según explicó, esta reforma permitiría a los gobernantes locales mediante un estudio técnico fundamentado, cerrar programas municipales que ya no cumplan los objetivos por los cuales fueron creados, lo que permitiría al municipio disponer de esos fondos para nuevos programas.

Esa propuesta de reestructuración lo mismo que el estudio técnico deben ser conocidas y aprobadas por el Concejo Municipal.

La directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, recalcó que esa organización se pronunció a favor de la iniciativa, cuando la comisión que dictaminó afirmativamente la propuesta les consultó.

“No es cierto que se deje a la libre como se dice, más bien detalla que se piden estudios técnicos. También algo importante es que dice que el proceso debe darse incorporando al manual organizacional institucional, que ese manual es aprobado por el Concejo Municipal”, manifestó Porras.

Incluso, la UNGL interpreta que con la ley vigente, el alcalde puede aplicar esas reestructuraciones de personal “en su función de administrador general”.

Acuerdo para avanzar

El despacho de la diputada Salas recibió al mediodía a Albino Vargas y a un grupo de representantes municipales.

Luego de una reunión de casi dos horas, las partes acordaron continuar con el proyecto. No sin antes, que se aclare “un par de palabras” del proyecto de ley, según contó la legisladora socialcristiana.

Los huelguistas también exigen la renuncia de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y el archivo del expediente del proyecto Ley Marco de Empleo Público que no variaría la relación laboral del Estado con sus empleados actuales.