Juan Fernando Lara.   18 junio
Vista del edificio de la Imprenta Nacional en Curridabat (San José). El expediente 18-008515-0007-CO ante la Sala Constitucional pide eliminar varios beneficios de la convención colectiva de la Imprenta Nacional.

La Sala Constitucional recibió en las últimas semanas 12 acciones de inconstitucionalidad contra beneficios de convenciones colectivas de varias entidades públicas, entre ellas la Imprenta Nacional, Japdeva, Recope, INS, Registro Nacional, CNFL y Banco Popular.

Así consta en el boletín envía mensualmente el Centro de Jurisprudencia Constitucional. La información corresponde al mes de mayo.

Estas 12 acciones de inconstitucionalidad se encuentran en estudio de admisibilidad y, de ser aceptadas, elevarían a 26 la cifra procesos de este tipo que están en curso.

Actualmente hay 14 acciones en estudio, las cuales se presentaron entre junio de 2016 y mayo de 2017; confirmó el área de prensa de la Sala Constitucional.

De las 12 nuevas acciones, seis están centradas en cuestionamientos a los beneficios por cesantía.

Por ejemplo, se critica que se otorguen hasta 20 años de cesantía en caso de renuncia a los empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Estos casos se revisan, respectivamente, bajo los expedientes 18-008172-0007-CO, 18-008176-0007-CO y 18-008177-0007-CO.

También se objeta, en el expediente 18-008173-0007-CO, el artículo 160 (inciso B) del acuerdo laboral del Instituto Nacional de Seguros (INS), centrado en las facilidades que tienen los trabajadores allí si renuncian.

Del mismo modo, el expediente 18-008175-0007-CO cuestiona el artículo 45 de la convención colectiva de trabajo del Banco Popular respecto a cómo otorga su cesantía; y lo mismo ocurre en el consecutivo 18-007884-0007-CO que cuestiona el artículo 24 de la convención de la Municipalidad de Limón.

Privilegios cuestionados

Recope encaja otra acción, expediente 18-008509-0007-CO, contra el artículo 156 bis y su transitorio I según el cual sus trabajadores no profesionales de esa empresa empezaron a recibir un aumento anual que oscila entre 3% y 5% sobre su salario base vigente, a partir del 1.° de marzo del 2017.

Así lo estableció la convención renegociada en el 2016. El gasto en ese beneficio se estimó en ¢758 millones para este 2018. Ese plus ya había costado al menos ¢204 millones en el 2017; una diferencia de ¢554 millones (115%).

Otra acción en proceso de admisibilidad es la 18-008512-0007-CO que impugna los artículos 36, 37, 38, 39 de la Segunda Convención Colectiva del Ministerio de Educación.

Ese articulado otorga, respectivamente, beneficios como licencia por lactancia de un mínimo de 2 años, prorrogables con certificado médico, licencia de paternidad de hasta un mes con goce de salario, licencia para cuidados especiales de familiares en las mismas condiciones y permiso para ir a citas médicas con goce de salario sin que medie incapacidad.

También cuestiona los artículos 62 y 63 párrafo primero, segundo y tercero, 64 y 65 que otorgan hasta 32 licencias con goce de salario completo a dirigentes sindicales del MEP para acudir a capacitaciones, formación sindical y asambleas de al menos 24 organizaciones sindicales en ese ministerio.

El expediente 18-008515-0007-CO solicita, por su parte, suprimir los artículos 37 (incisos a, b, c, d); 41 (incisos a, b, c, d, h, j); 44, 45 y 46 de la convención de la Imprenta Nacional.

Todos esos puntos autorizan condiciones similares de goce de salario completo a funcionarios de la Imprenta vinculados sindicalmente con la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP); incluida asistencia a asambleas, congresos, eventos, capacitaciones y formación sindical; entre otros.

Otros beneficios impugnados (artículos 44, 45 y 46) incluyen financiamiento por hasta 50% del salario del trabajador para gastos fúnebres en caso de muerte del funcionario, su cónyuge o pareja de hecho, padres e hijos, tres días libres con goce de salario "para realizar gestiones de índole familiar debidamente justificadas" y otro más en las mismas condiciones el día del cumpleaños del trabajador.

También se cuestionan 12 artículos del acuerdo laboral del Registro Nacional, según indica el expediente 18-008516-0007-CO.

Por ejemplo, el artículo 22 otorga seis días hábiles con goce salarial a sus colaboradores por matrimonio, por muerte de familiares cercanos, para exponer tesis universitarias. También cinco días por nacimiento de hijos y dos por cada examen de grado que deba cumplir la persona para obtención de títulos profesionales.

También de uno a tres días para atender "asuntos de carácter urgente, necesario y no permanentes" con la debida justificación.

Los artículos 32, 33, 34, 36, 37, 39 y 64 consagran diversas facilidades para el sindicato de la entidad incluidos transporte, equipos, instalaciones y otros suministros para sus miembros en casos de actividades que organice la agrupación; así como licencias con salario completo para estos trabajadores organizadores en caso de congresos, reuniones, cursos, seminarios, asambleas, capacitaciones; entre otros.

Otras impugnaciones (expedientes 18-008518-0007-CO y 18-008520-0007-CO) también solicitan eliminar beneficios similares a todos los anteriores en los casos de las convenciones colectivas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de la Junta de Protección Social de San José.

Las convenciones impugnadas entre junio del 2016 y mayo del 2017 son las de la CNFL, Japdeva, INS, Recope, el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR).