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Algunas municipalidades clausuraron hasta los equipos o torres móviles de las operadoras celulares. | ARCHIVO. (Adriana Araya)
Las torres para antenas celulares son un tema de interés nacional que excede la esfera cantonal y las municipalidades no pueden entorpecer su instalación.
Así lo dictó la Sala Constitucional en un voto emitido este 16 de noviembre y cuyas argumentaciones fueron reveladas ayer en un comunicado de prensa.
Ese tribunal destaca que el Estado se comprometió a la luz del Derecho Internacional Público, a contar con una infraestructura robusta, sólida y normalizada en materia de telecomunicaciones.
“Consecuentemente, las municipalidades del país no pueden establecer regulaciones y requisitos asimétricos que impidan una infraestructura normalizada y uniforme”, indica la Sala.
Los magistrados además, fueron contundentes “en que la autonomía de los municipios no los habilita para sustraerse de competencias de evidente interés público y nacional”, como éste.
La Sala IV también aclaró que el uso del suelo para la construcción de torres debe ser emitido de conformidad con la reglamentación vigente en el ayuntamiento.
Es decir, no es necesario modificar los planes reguladores existentes ni someter las solicitudes de las empresas “a trámites que pueden obstruir o retardar el proceso de contar, a nivel nacional, con una infraestructura sólida, robusta y uniforme en materia de telecomunicaciones”.
Ambas empresas tienen en trámite decenas de permisos para instalar torres para las antenas de sus redes de telefonía celular.
Gobiernos locales, como Montes de Oca, Tibás, Santo Domingo y Barva no resuelven las solicitudes argumentando ausencia de reglamentos para torres. Estas limitaciones les impiden a las empresas llevar la señal celular de sus redes a los usuarios.
El fallo también fue aplaudido por representantes del Gobierno, alcaldes y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.
El alto Tribunal se pronunció sobre el tema al declarar sin lugar un recurso de amparo interpuesto por el abogado Federico Alvarado contra el alcalde de Goicoechea, Óscar Figueroa, por autorizar la colocación de antenas en una azotea.
El recurrente alegó que el plan regulador cantonal no tiene nada previsto sobre la instalación de torres para telefonía móvil ,por lo cual el permiso otorgado por el alcalde carece de sustento jurídico.
Figueroa dijo ayer que el reglamento para la instalación de esas estructuras está suspendido por acuerdo del concejo municipal.
“Aquí todo es político y cuando la gente viene a quejarse porque tiene la torre a 50 metros de su casa y que le baja la plusvalía y que si tiembla les cae la torre encima, entonces todos se vuelven a ver y se rasgan las vestiduras”, contó.
Para los alcaldes de Montes de Oca, Fernando Trejos ,y de Barva, Mercedes Hernández, la resolución ayudará a despejar dudas de cara a las solicitudes pendientes.
