Sala IV declara sin lugar reclamo de abogado por allanamientos a Iglesia

Con una votación de seis votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron un recurso de habeas corpus, contra los allanamientos a la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal, realizado el pasado 7 de marzo.

La gestión fue presentada por el abogado José Francisco Herrera, por considerar que durante la diligencia el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) privaron de libertad a los trabajadores de la Conferencia Episcopal.

Herrera también denunció que las autoridades les prohibieron rezar e hicieron uso excesivo de la fuerza.

La mayoría de magistrados; sin embargo, no encontraron elementos suficientes para considerar que se se produjera la violación que alegaba el recurrente.

Solo el magistrado Paul Rueda declaró con lugar el recurso, específicamente por “la violación al derecho al pudor e intimidad de las personas que usaron los servicios sanitarios durante el allanamiento en la Conferencia Episcopal”, según el voto, dado a conocer este jueves.

El abogado, quien llevó a la Sala Constitucional las denuncias de las autoridades eclesiásticas dadas a conocer el mismo día de los allanamientos, manifestó que “varias de las personas en el lugar que necesitaban ir al baño fueron acompañadas por una oficial del OIJ, quien de manera innecesaria, afectando su pudor e intimidad, las obligó a realizar sus necesidades frente a ella, con la puerta del baño abierta, mientras eran vistas".

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Las autoridades judiciales allanaron las sedes de la Iglesia católica con el objetivo de recopilar pruebas por las causas penales seguidas contra los sacerdotes Mauricio Víquez Lizano, de 54 años, y Manuel Guevara Fonseca, de 52.

Tres vehículos fueron necesarios para trasladar los cientos de documentos que permanecían guardados en armarios del Tribunal Eclesiástico en denuncias contra curas por supuestos abusos sexuales.

A pesar de que el objetivo era recabar pruebas dentro de las causas que se les siguen a Víquez y Guevara, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó un día después de las diligencias, que secuestraron todo tipo de archivos, que también podían contener denuncias canónicas (las que se procesan por medio de la Iglesia católica) contra curas costarricenses.

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