En su página web, la Sala anunció la anulación de un laudo arbitral (fallo del arbitraje) emitido por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham).

Así lo comunicó el ICE, la tarde de este viernes.

El 16 de noviembre de 2017, dicho Tribunal de Arbitraje resolvió que el ICE debía reconocer a la empresa italiana Enel Green Costa Rica, encargada de la obra, $112,5 millones por sobrecostos en la construcción de la hidroeléctrica.

La resolución se dio a pesar de que la naturaleza jurídica del contrato establecía que la empresa asumía todos los riesgos del desarrollo de la planta y, por tanto, el ICE solo quedaba obligado a la compra de energía en el plazo establecido.

Por esa razón, en diciembre de 2017, el Instituto impugnó el laudo. Su reclamo fue declarado con lugar por la Sala mediante la sentencia 2019000989.

Además de anular el laudo, los magistrados indicaron que uno de los miembros del jurado que integró el arbitraje y había condenado al ICE debe ser investigado por el Colegio de Abogados, pues, aparentemente habría brindado servicios notariales a P.H. Chucás en el 2011.

El fallo de la Sala Primera, según el ICE, complementa la investigación que el Ministerio Público realiza a raíz de la denuncia presentada contra dos de los árbitros. La causa se tramita con el expediente número 18-000035-0033-PE.

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Disputa de años

En febrero del 2011, el ICE contrató a la filial local del grupo energético italiano Enel para la construcción de la hidroeléctrica de 50 megavatios de capacidad. La intención era comprarle energía por 20 años al cabo de los cuales asumiría la planta, bajo la modalidad de BOT (built, operation and transfer).

Inicialmente, el costo de la obra se fijó en $107,6 millones y su construcción debía realizarse en tres años, según la licitación internacional 2006 LI-000043-PROV.

Sin embargo, se dieron una serie de inconvenientes como inundaciones, deslizamientos e inestabilidad de taludes. Estos imprevistos obligaron a suspender el proyecto por casi tres meses, así como variar la ubicación de parte de las instalaciones y estabilizar taludes.

Enel Green Power Costa Rica informó al ICE que todos los problemas enfrentados elevarían la inversión a $255,3 millones; un sobrecosto de $147,7 millones, el cual no fue aprobado por el ICE, según la resolución del Instituto 0150-0524-2014 del 12 de agosto del 2014.

Unos meses después, el 16 de febrero del 2015, el ICE abrió el "Acto Final Procedimiento Sumario-Cláusula Penal, Licitación Pública 2006 LI-0000043-PROV", donde le ordenó a Enel Green Power Costa Rica pagarle $4,6 millones en cinco días hábiles indicando que se procedería a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato.

En respuesta, Enel Green Power Costa Rica acudió al día siguiente al Tribunal Contencioso Administrativo donde solicitó una medida cautelar para frenar la acción del ICE. El 17 de febrero del 2015, el Tribunal otorgó la medida cautelar solicitada de forma provisionalísima.