A Joshua le encantaba hacer máscaras de cartón y a lo mejor por esa razón es el último recuerdo que tiene de la guardería a la que asistió por dos años.

“Hice una máscara de cartón y al otro día ya no fui más”, relata el niño de 5 años, con ojos muy brillantes.

A él lo cuidaban en el Hogar Teddy English, una institución que forma parte de la Red de Cuido Infantil creada por el Estado, de la cual Joshua disfrutó hasta el día en que su mamá, Pamela Arguedas, consiguió un trabajo formal.

Cuando las trabajadoras sociales de la Red de Cuido se dieron cuenta de que la madre tenía un empleo, al pequeño Joshua le retiraron el beneficio.

Es decir, a ella le cuidaron al niño para buscar un trabajo y ahora que lo tenía, a él lo expulsaban.

“Me dijeron que por mis ingresos ya no calificaba; les presenté todos mis gastos, mi salario y aun así me devolvieron las tres veces que fui. Según ellos, para poderme ayudar tengo que tener más hijos”, explicó esta vecina de San Antonio de Desamparados, San José.

El caso de Pamela no es único. Son cientos las madres que son sometidas a ese círculo de pobreza.

Una auditoría realizara por la Contraloría General de la República en 2015 encontró que al menos 1.777 menores dejaron de recibir la ayuda de cuido del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) porque las madres consiguieron trabajo y un salario estable.

Las responsables de este círculo vicioso son las reglas absurdas de la Red Nacional de Cuido Infantil (Redcudi), un sistema creado para que las mujeres tuvieran un lugar seguro donde dejar sus hijos, mientras salían a estudiar y trabajar, con el claro objetivo de salir de la pobreza.

Aunque el proyecto, sin ninguna duda, es necesario, en la práctica se convirtió en una falsa promesa, pues una vez que las madres logran ingresos, son expulsadas de la red, pues saltan la denominada línea de la pobreza, que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) fija en este momento en ¢103.766 por persona.

"Estos casos solo pueden describirse como una desgracia”, reconoció Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, que es el ente rector de la Red.

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La desgracia es mayor si se toma en cuenta la oportunidad perdida según la proyección del Informe del Estado de la Nación de 2018. Según este, si las mujeres que hoy están fuera de la fuerza de trabajo, es decir, aquellas con capacidad para hacerlo, tuvieran empleo, la pobreza en el país se reduciría a la mitad.

¿Por qué?

Cuando la Red quedó respaldada por una ley en el 2014, la intención era asegurar un servicio de cuido universal para todos los niños de 0 a 12 años de edad; con la idea de que sus mamás consiguieran trabajo o volvieran a estudiar.

Con ese fin, se ofrecían varias modalidades que se adaptarían a las necesidades de cada una de las familias; se financiaría con fondos públicos y sería el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el encargado del programa.

Sin embargo, hubo muchos aspectos que no se tomaron en cuenta.

Uno de las más importantes es que el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que financia la Red, solo permite que el dinero que se recauda de planillas de patronos e impuestos, se destine a ayudar a personas en pobreza o pobreza extrema.

Otros de los incumplimientos de la Red en relación con la normativa es que se limitó la atención a niños de 0 a 6 años.

Según datos de la Secretaría Técnica, si se cuentan todos los beneficiarios del programa, solo se cubre 6% de la población objetivo, es decir, 6 de cada 100 niños de 0 a 12 años.

En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó de que en Costa Rica 335.000 menores de 12 años viven en pobreza; para junio del 2019, solo 56.000 niños y niñas eran beneficiados con la Red de Cuido, según datos suministrados por el IMAS.

Otra falla advertida, es que hay centros que se levantaron en comunidades que no lo requerían.

Esta última situación se dio con los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) que son promovidos por las municipalidades, y el único requisito es tener el terreno. Si esto se asegura, el Estado entrega ¢180 millones para la construcción.

Los Cecudi están diseñados para recibir a 75 niños, pero no trabajan capacidad plena, incluso hay algunos que se convirtieron en Centros Cívicos para capacitar vecinos de esas comunidades.

A principios de 2019 había 12 Cecudi sin uso, confirmó Juan Luis Bermúdez.

Desigualdades entre centros

Autoridades del IMAS y de la Red de Cuido afirman que los recursos otorgados por Fodesaf no son suficientes. Estiman que necesitan al menos un 1% del producto interno bruto (PIB), para poder cubrir toda la población meta.

En el 2018, el IMAS recibió ¢26.543 millones de Fodesaf y gastó el 97%.

Los Cen-Cinái, unidad de cuido que más cobertura tiene y que ha logrado expandir sus horarios y modalidades para ofrecer servicio nocturno, tienen una situación distinta.

Estos centros forman parte de la Red, pero no reciben financiamiento de ella, sino que el dinero viene directamente de Fodesaf, que por ley debe otorgarles un 15% de su presupuesto.

Sin embargo, los procesos para inversión son lentos y solo ejecutan un 6%, el resto se devuelve a las arcas del Fondo y se usa para otros fines.

Si los Cen-Cinái ejecutaran todo el dinero, su cobertura se triplicaría a 65.000 niños, aproximadamente.

De ser así, por ejemplo, en el Cen de la León XII, distrito de Tibás, Katherine Vindas, encargada del centro, no tendría que negar cupos a madres que se acercan a pedir cuido para sus hijos.

“Todos los días dos o tres mamás llegan a tocar la puerta, para ver si hay campo, pero como estamos llenos, no podemos recibirlos, inclusive tenemos una lista ya hecha para el momento en que llegue otra maestra” dijo Vindas.

En este Cen, con sillas descarapeladas, Ingrid Corea, recibe almuerzo para su hijo de 5 años; ella ya no trabaja, lo hizo por un tiempo, pero lo que ganaba se gastaba en el cuido y alimentación de su niño.

Cuando buscó ayuda en el IMAS, para meter al niño en la Red, los funcionarios le dijeron que ella solo tenía un hijo y debía tener al menos dos, sin tomar en cuenta sus condiciones de pobreza, baja escolaridad y zona de riesgo.

Otra modalidad de cuido con los Hogares Comunitarios, donde amas de casa, llamadas madres comunitarias, habilitan un espacio para recibir en sus casas a los niños.

El 79% de las madres comunitarias no son profesionales, por lo que carecen de personal especializado para la atención de los menores, como consta en un estudio de la Contraloría General de la República.

Lo contrario ocurre en los Cecudi, que tienen infraestructura y mobiliario modernos; formas de enseñanza innovadoras, y madres beneficiadas muy satisfechas.

Es el caso del Cecudi de la Municipalidad de Desamparados, en la comunidad de Loto, donde se da atención integral para infantes desde los 0 hasta los 5 años. Ahí trabajan metodologías innovadoras e inclusive reciben talleres de arte.

Finalmente, están los centros privados, a los que IMAS da un subsidio para que reciban niños de bajos recursos.

Una solución: Copago rompería con círculo vicioso

Una posible solución para que las madres que consiguen trabajo no sean expulsadas de la Red es el copago, mecanismo en el cual el IMAS trabaja actualmente.

Mediante ese sistema, las familias que sobrepasan la línea de pobreza, tendrían la posibilidad de recibir el servicio de cuido, y pagarían por él un porcentaje según el grupo de ingresos al que pertenezca.

El resto del costo del cuidado de estos menores aún no está bien definido, pero el IMAS prevé que se distribuiría entre el Estado, gobiernos locales y empresas privadas que puedan sumarse al esfuerzo.

“Buscamos un sistema de pagos complementarios para reducir el impacto de la “trampa de pobreza” que ha afectado a familias en vulnerabilidad, y así avanzar hacia la universalización, dando una alternativa a las familias de ingresos medios”, explicó Juan Luis Bermúdez, presidente del IMAS.

Otra de las opciones es buscar dinero fuera de Fodesaf, pues ampliaría los parámetros bajo los que hoy se rige la Red de Cuido, y así se avanzaría hacia la universalización del servicio.

El jerarca del Instituto también asegura que trabajan en un instrumento para estandarizar todas las modalidades de cuido, el cual se aplicaría para el 2020.

Michelle Campos es estudiante de periodismo de la Clase 8 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo.