Juan Fernando Lara.   13 abril
Vista del edificio sede de Recope en barrio Tournón San José. / Imagen Archivo.

Poco más de ¢600 millones son los que ahorrará Recope con las medidas de contención del gasto en salarios que ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre (9635).

El monto representa, sin embargo, apenas 1,4% de los ¢45.742 millones que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pagó a sus trabajadores en el 2018.

Esta previsión de ahorro se incluye en la solicitud de ajuste ordinario ET-024-2019 que Recope planteó el 29 de marzo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Específicamente, en el apartado 6.6.6.9 denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la Refinadora recuerda que el título tercero de la normativa establece una serie de modificaciones a los salarios de sus trabajadores.

Entre ellos la reducción del porcentaje sobre el salario base que se paga por dedicación exclusiva y prohibición ; el pago con un monto nominal en vez de porcentaje en otros pluses y el límite a la cesantía en ocho años, y 12 años para los que tienen convención colectiva.

Para la Refinadora, el ahorro en cesantía, por ejemplo, asciende a ¢575 millones y los otros ¢87 millones equivalen a recortes en pluses como dedicación exclusiva, desarraigo, carrera profesional, méritos y disponibilidad.

Sin embargo, el ahorro que trajo la legislación es modesto si se considera la suma pagada a los trabajadores en remuneraciones (pluses y salarios), según precisan las notas de sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

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Para aquel momento, Recope tenía 1.705 personas. Esto equivale a un promedio en remuneraciones para cada trabajador de ¢26,8 millones el año pasado.

En su exposición a la Aresep, la Refinadora indica que las remuneraciones son su partida de gasto operativo más importante ya que devoran 42% de ese gasto.

Le sigue la partida de Depreciaciones y Amortizaciones con 27,2% y Servicios no personales con 21% de un desembolso operativo por ¢109.744 millones el año pasado.

En esta institución, pesa el costo de la convención colectiva, que para 2018, se estimaba en ¢24.846 millones.

Recope, además, es una de las 24 instituciones públicas donde los trabajadores reciben más en pluses que salario base, según un estudio de la Contraloría General de la República. Específicamente, es 1,70 salarios.

Recope informó a la Aresep de que la partida de remuneraciones “experimentó una reducción de 1,1% con respecto al 2017, debido a la renovación del personal, tanto por el proceso normal de retiro de funcionarios, como por el efecto que tuvo la aprobación de la Ley 9.635”, se lee en el estudio tarifario.

En los últimos tres años, precisó, 165 personas se han acogido a la pensión en esa empresa pública.

Este viernes se enviaron consultas a la oficina de prensa para ampliar sobre el tema, pero no hubo respuestas.

El ahorro resultante de la Ley 9.635 en este año podría, igualmente, tener poco impacto en el gasto en salarios y sobresueldos al considerar la previsión de gasto de Recope en remuneraciones según el presupuesto inicial que presentó a la Contraloría General de la República.

Conforme ese documento, la Refinadora prevé un presupuesto de ¢52.338 millones para sus trabajadores en este 2019.

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Los cambios

Según la reforma, para los nuevos funcionarios públicos que reciban dedicación exclusiva, esta corresponderá a un 25% si son licenciados y a un 15% si son bachilleres. Los empleados actuales, en cambio, reciben un 55% y un 20%.

Entretanto, la prohibición será de un 30% para licenciados y de un 15% para bachilleres, en lugar de un 65% y un 30%.

Los siguientes cambios regirán tanto para los empleados vigentes como para los que entren a partir de este miércoles.

Una de las de mayor impacto económica, será la transformación en el pago de las llamadas anualidades, que deja de ser un porcentaje para ser un monto nominal. .

Por año laborado, se reconocía un 1,94% adicional sobre el salario base para los profesionales y un 2,56% para los no profesionales.

Con la reforma fiscal, la anualidad será un monto nominal, que corresponde al 1,94% sobre el sueldo de la escala salarial a la que se pertenezca para enero de 2018; para los profesionales será de un 2,56% para los no profesionales.

La normativa también obliga a hacer ajustes para pagar por quincena, en vez de forma bisemanal.

Con esos cambios, así como medidas en materia de destinos específicos, el Ejecutivo pretende un ahorro de ¢430.000 para 2020.

Pasados tres meses de la reforma, hay instituciones que todavía no hacen los ajustes. Las universidades públicas, por ejemplo, presentaron un reclamo en la vía contencioso-administrativa para exigir que sean excluidas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Junta de Protección Social (JPS), entretanto esperan respuestas del Ministerio de Planificación en un caso y de la Procuraduría General de la República, en otro.