Juan Fernando Lara Salas.   27 octubre
Recope es la autorizada por ley para importar y comercializar el combustible. Su edificio central está localizado en barrio Tournón, San José. Foto: Rafael Pacheco

Poco antes de la declaración de emergencia sanitaria por la covid-19, que profundizó la crisis económica del país, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) comenzó a negociar en silencio una nueva convención colectiva con sus trabajadores.

Alejandro Muñoz Villalobos, presidente ejecutivo de la entidad, reconoció que junto con los sindicatos decidieron no informar de las conversaciones.

“Por la relevancia de la negociación de esta convención, que usted sabe bien, están los ojos de todo el mundo sobre esto, decidimos por mutuo acuerdo, no revelar nada hasta culminar el proceso. Esta negociación despierta muchas sensibilidades y no queremos que se complique si se comienza a especular sobre resultados”, indicó Muñoz.

Así respondió a la consulta de La Nación sobre si es posible conocer los acuerdos alcanzados hasta este momento, así como las propuestas para reducir el costo, como lo ordenó la directriz 0009-H del Ministerio de Hacienda, del 6 de junio de 2018.

“Las diferentes instancias de la Administración Pública están en el deber de denunciar todas aquellas cláusulas convencionales que se consideren abusivas y que atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas”, señala el artículo 3.

“Toda negociación realizada según lo dispuesto en esta directriz, deberá procurar, por parte de la Administración, la racionalización en el uso de recursos públicos, y tender a la baja en el costo que significa el funcionamiento de la convención colectiva”, agrega el 4.

El costo de la convención de la Refinadora es cercano a los ¢20.000 millones.

El pacto laboral de Recope venció en junio del 2019, tres semanas después de que la Sala Constitucional anulara once sobresueldos de dicha convención colectiva por considerarlos separados de principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Entre los excesos declarados inconstitucionales el 23 de mayo del 2019, resaltan el tope de auxilio de cesantía, superior al límite máximo de 12 años, subsidios en alimentación y permisos de dos días con goce salarial por el matrimonio de un hijo; entre otros.

Aquella convención fijaba la cesantía en 20 años, pero anteriormente, la misma convención establecía hasta 24 años.

El 22 de mayo del 2019, un día antes de que trascendiera fallo de la Sala Constitucional, Recope informó que había denunciado la convención colectiva ante el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), como primer paso para renegociar disposiciones en el acuerdo obrero-patronal y cuando ya la empresa había sido notificada de la resolución del tribunal constitucional.

La denuncia de la convención se remitió a revisión en el Ministerio de Trabajo y allí se mantuvo hasta diciembre del 2019; explicó Muñoz, este lunes.

“Luego se revisaron las observaciones que se nos hicieron e iniciamos la negociación en febrero de 2020, exceptuando el mes de abril y parte de mayo por las disposiciones de las autoridades de salud con respecto a la pandemia”, añadió.

Las conversaciones con Sitrapequia se retomaron a finales de mayo y continúan hasta la fecha.

“Esperaríamos culminar el proceso a finales de noviembre o principios de diciembre de este año”, estimó.

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El 16 de octubre trascendió la firma de la nueva convención colectiva entre sindicatos y el Ministerio de Educación, tras un proceso que también se mantuvo en secreto.

Entre los acuerdos están el otorgamiento de plazas a 4.000 cocineras sin que todavía se conociera el presupuesto para 2021, así como la imposibilidad del Ministerio para cobrar las sumas giradas de más a 72.000 funcionarios, luego de la entrada en vigor de la reforma fiscal (diciembre de 2018), por cambios no realizados a tiempo en el sistema de pago Integra 2.

Recortes

El 26 de junio del 2016, el entonces ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada, anunció que el gobierno había logrado recortarle ¢5.048 millones a la convención colectiva de Recope para los siguientes tres años, cuando todavía la Sala Constitucional no había eliminado los 11 sobresueldos borrados en el 2019.

Aunque la idea original era una rebaja de ¢8.320 millones, la Administración de la Refinadora logró romper la tendencia creciente del costo de ese acuerdo vigente desde 1969.

Los ahorros previstos por esa negociación iban a ser de ¢1.362 millones el primer año, ¢1.571 millones en el 2017 y ¢2.115 millones en el último año.

Así, por ejemplo, el recorte de ¢1.362 millones del primer año equivalía al 5,2% de los ¢25.813 millones presupuestados en el 2016 para cubrir el costo de dicha convención.

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Tiempo extraordinario

Aparte de los beneficios en la convención colectiva, hace años Recope paga a su personal tanto dinero en horas extra –diurnas y nocturnas–, que anualmente equivale al menos al 30% de su desembolso por salarios para cargos fijos (sueldos base por jornadas ordinarias).

Esa conducta se mantiene constante desde hace 10 años, al punto de que, por año, nunca ha dejado de pagar menos de ¢3.000 millones en tiempo extraordinario a sus 1.700 trabajadores.

Esto ocurre pese a que el mismo Código de Trabajo dicta que la jornada extraordinaria de trabajo no puede ser permanente, pues las horas extra se consideran algo excepcional ante una necesidad de la empresa.

Sin embargo, lo excepcional se convirtió en regla en Recope, pues el gasto en horas adicionales es el mismo desde el 2010, revelan los informes de ejecución presupuestaria entregados por Recope a la Contraloría General de la República (CGR).

Según un análisis realizado por La Nación en las cifras del 2010 al 2019, hubo años en que las erogaciones por ese sobresueldo, pese a lo excepcional, llegaron a superar el 30%.