La Contraloría General de la República sepultó la práctica de financiar gastos de convenciones colectivas con las tarifas de servicios públicos regulados.
En diciembre anterior, el ente contralor informó a por lo menos tres empresas públicas, con 5.600 empleados, de que esos fondos quedaron excluidos de sus presupuestos para este año, en sintonía con resoluciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La decisión supone un revés para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, con 1.800 empleados), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, 2.300) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva, con 1.500).
La Contraloría basó su decisión en la Ley N.° 7.593 de Aresep, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.
Con ese argumento, la Aresep rechazó gastos incluidos en las solicitudes de tarifas, lo que dejó sin contenido parte de los presupuestos de esas instituciones.
Ante la ausencia de contenido por la decisión de Aresep, el ente contralor no aprobó todo el presupuesto. Esta medida excluyó recursos para financiar las convenciones colectivas.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Contraloría, último responsable legal del Estado en aprobación presupuestaria.
Al exponer sus motivos, ese despacho se basó en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 2510-2012 , del 22 de octubre del 2012, en la cual se resolvió un reclamo de Japdeva en contra de la Aresep, por excluir gastos de su convención en un incremento de tarifas portuarias.
Según el fallo judicial, desfavorable a Japdeva, la convención colectiva de esa institución “distorsiona” los costos de los servicios portuarios, como cita la Contraloría en el informe DFOE-IFR- 0570 del 18 de diciembre anterior.
Del mismo modo, los informes DFOE-AE-0687 y DFOE-AE-0688, también del ente contralor, excluyen gastos de convención colectiva de la CNFL y Recope, respectivamente, partiendo de decisiones de Aresep. En meses anteriores, esa entidad hizo recortes a ambas empresas, basándose en la misma sentencia judicial. La convención de Recope cuesta, por año, ¢25.700 millones; la de Japdeva, ¢7.000 millones, y la de CNFL, más de ¢4.183 millones.
Cautela. Ante la resolución de la Contraloría, la oficina de prensa de Recope informó de que mientras el asunto no sea conocido por la Junta Directiva, no se pronunciarían. Las sesiones de ese órgano se retomarán esta semana. Sin embargo, la empresa había adelantado en noviembre que podría endeudarse para cubrir el gasto.
También el Poder Ejecutivo optó por mantener distancia.
“El presupuesto de cada empresa pública e institución autónoma es una responsabilidad de su Junta Directiva por lo que la gestión del mismo no le corresponde al Ejecutivo”, se limitó a contestar, por escrito, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia,
Quien sí condenó el dictamen de la Contraloría fue Víctor Solís, gerente general de la CNFL.
“En este caso, lo grave es que la Contraloría respaldó el accionar de Aresep sin considerar el marco legal e institucional. En años pasados, la Contraloría aprobó el gasto de la convención como corresponde a ese marco legal”.
Solís teme que esto genere juicios de los trabajadores en contra de la CNFL, por incumplimiento de la convención y justo cuando la Compañía congeló, por ahora, el pago del 50% de su deuda este año debido a su crisis financiera. Colaboraron los periodistas Óscar Rodríguez y Sofía Chinchilla