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De acuerdo con la Asociación de Desarrollo del barrio El Roble, en Santa Bárbara de Heredia, un individuo construye una vivienda a 50 metros de la naciente Amapola, justamente en la zona de recarga. Eso, a pesar de que el radio de protección de esa fuente es de 200 metros. | ALBERT MARÍN
Una construcción ilegal sobre el área de recarga de la única naciente que los abastece, tiene indignados a los vecinos del barrio El Roble, en Santa Bárbara de Heredia, así como al alcalde de ese cantón, Melvin Alfaro.
La comunidad ha luchado durante unos cuatro meses por frenar la obra, pues esta irrespeta los 200 metros que deben quedar libres alrededor de la naciente La Amapola. Por ley, esa distancia debe respetarse para prevenir un posible daño y contaminación del agua.
Empero, la negativa del vecino de frenar la construcción (a pesar de carecer de permisos municipales para levantarla) y el daño ambiental que eso generó, motivaron al pueblo y al alcalde a presentar, el 4 de febrero, una denuncia ante la Fiscalía de San Joaquín de Flores.
Ese caso aún está en trámite. Según los registros de inspección del municipio y de la Asociación de Desarrollo de El Roble, la obra comenzó en enero y, cuanto más avance, más perjudicará a La Amapola y a su caudal de seis litros por segundo.
“Ya no podemos hacer nada más, hicimos lo humanamente posible. Ellos dañaron el ambiente con zanjas, talas y movimientos de tierra, y lo denunciamos. Ahora esto está en manos de la Fiscalía”, declaró el alcalde.
El reclamo judicial no solo se presentó por delitos contra el ambiente, sino también por delitos contra la autoridad pública.
Alertado por la Asociación de Desarrollo, el 8 y 9 de enero, el Departamento de Ingeniería Municipal inspeccionó el lote, que pertenece a un hombre de apellido Villalobos. Al detectar avances y movimientos de tierra, los oficiales pusieron sellos prohibitivos.
Otras dos inspecciones en febrero y marzo (junto con gestora ambiental, abogado y oficial de la Fuerza Pública) revelaron que se incurrió en una violación de sellos y que la obra seguía avanzando. En esa ocasión, se les denegó el acceso a la propiedad privada.
La Nación hizo varios intentos por contactar a Villalobos, el propietario del lote donde se levanta la casa, pero no fue posible.
De acuerdo con el alcalde de Santa Bárbara, todo apunta a que Villalobos deberá proceder a demoler la construcción una vez que la Fiscalía dicte sentencia.
En su cantón, dijo, se han ordenado ya tres demoliciones, por lo que “hay un precedente para que la gente sepa que no puede construir cerca de las nacientes”.
¿Y ahora? Ronald Salas tiene 15 años de manejar un negocio de pesca de truchas, y un restaurante donde las cocina y vende. Según dijo, le preocupa que la construcción en El Roble contamine el agua potable de la que se nutren él, sus truchas y los clientes.
“La zona de recarga de La Amapola se ensuciaría con filtraciones del tanque séptico, aguas jabonosas y llovidas. Ese acueducto existe hace 45 años”, dijo.
Los vecinos Enrique Varela y a Doliver Salas, del Comité de Aguas de El Roble, temen que, si se permite esta construcción, se abrirá el portillo para que los propietarios de los lotes aledaños empiecen a hacerlo también.
“¿Cómo un municipio no va a poder hacer nada contra esta obra ilegal? ¿Quitan los sellos y ya? ¿Dónde están las entidades de Gobierno? Anuncian y promueven que protejamos las nacientes pero, en estos casos, no aparecen”, reclamó Salas.
Wálter Alfaro, de la Asociación de Desarrollo de El Roble, explicó que es la comunidad la que se encarga de mantener La Amapola; no tanto el municipio. De hecho, solo para protegerla, los vecinos juntaron dinero para adquirir un lote aledaño a la naciente.
Alfaro agregó que hace unos dos años se formó un comité ambiental que lucha por obtener la administración de La Amapola, debido a que la alcaldía “no lo maneja nada bien”.