Un proyecto de interés social en La Perla de Guácimo dejó 74 casas casi listas para ser habitadas desde diciembre del 2018.
Aparte de detalles menores, a estas viviendas solo les falta el servicio del agua, aún en vilo por una disputa entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Asada de la localidad.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aprobó en el 2015 esta construcción con un costo de ¢1.622 millones, pero en aquel momento no estaba claro quién llevaría el agua a los cerca de 300 beneficiarios.
El pleito inició cuando el AyA emitió un documento en marzo del 2018 que le aseguraba a la empresa encargada, Constructora Ekstrom, que en el sitio había disponibilidad de agua potable de parte de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada).
La certificación fue firmada por la subgerente de Gestión de Sistemas Delegados, Cecilia Martínez Artavia.
Luego, la Municipalidad de Guácimo se amparó en este informe para otorgar los permisos a la urbanización, completada a finales del año anterior.
En la Asada niegan tener la capacidad para llevar agua a estas familias, por lo que respondieron al informe del AyA con una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y emisión de documento falso contra Martínez Artavia, y por supuesto uso de documento falso contra la Constructora Ekstrom.
“Ese acueducto tiene una capacidad suficiente para la gente que vive ahí (en La Perla), pero no podría darle servicio a una nueva urbanización, eso sobrepasaría en un 50% la capacidad. En este momento cerca de 175 personas son usuarias, el acueducto no puede dar satisfacción a esa demanda adicional”, afirmó el asesor legal de la Asada, Rafael Madrigal.
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Además, los vecinos solicitaron una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo para suspender los efectos jurídicos de los visados de planos y permisos de construcción, la cual no ha sido resuelta.
Sobre el expediente penal, presentado en mayo del 2018, Madrigal indicó que aún lo tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“Incluso si perdiéramos estos casos, no se le podría a obligar a la Asada a lo imposible”, dijo Madrigal.
“Hay mucha gente esperando una casa”
En tanto, Cecilia Martínez se basa en estudios del AyA para defender su decisión.
“La Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales (...) hace constar que para el proyecto inmobiliario ‘Fraccionamiento La Perla’ (...) se cuenta con capacidad hídrica”, indica la constancia emitida el 5 de enero del 2016 por la institución.
Este documento señala que el acueducto solo requiere un tanque nuevo de 26 m³ para dar abasto, el cual ya fue construido.
Martínez aseguró que el AyA ha conversado “con todos los actores para llegar a conciliaciones. Aquí hemos tenido conversaciones con las familias (beneficiarias del proyecto), están desesperados”.
La funcionaria aseveró que varias Asadas de todo el país se han opuesto a proyectos de interés social similares.
“Una Asada no tiene por qué tener la capacidad de excluir a un sector social. Las personas migran y buscan una manera de encontrar vivienda. Hay muchos proyectos de gente que está esperando una casa y no puede ingresar”, apuntó.
Como parte de las negociaciones del AyA con la Asada, en La Perla se levantaría un tanque adicional de 125 m³, el cual “no es requerido para abastecer el nuevo proyecto” ni es indispensable para los vecinos de la comunidad, explicó el ingeniero del AyA José Antonio Arias a la presidenta ejecutiva, Yamileth Astorga, en una carta enviada el 11 de febrero.
El asesor legal de la Asada, por su parte, alude a una supuesta contradicción de este ingeniero, quien en un informe de abril del 2017 apuntó que "es necesario construir un tanque para satisfacer la necesidad con una proyección a 20 años”.
Consultado al respecto, el Banhvi respondió que este tanque se realizaría como parte de negociaciones entre la Asada y la empresa Ekstrom.
No obstante, desde la Asociación denuncian que la constructora encargada no ha querido invertir en esta nueva estructura.
“El problema es que a la Asada no la pueden obligar a dar un servicio, y el empresario no ha querido invertir la plata para el tanque”, explicó Madrigal.
La Nación intentó contactar al propietario de Ekstrom, Luis Alberto Méndez Libby; sin embargo, no respondió ninguno de los números telefónicos asignados a su nombre.