Como un entramado de consensos tejido tras bambalinas, pero cuyos resultados han permitido acercar al país a la nueva normalidad. Así define la presidenta ejecutiva del IFAM, Marcela Guerrero, la labor llevada acabo por las municipales para hacer frente a la atención de la pandemia por la covid-19.
Guerrero, desde la cabeza del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), es quien lidera la coordinación y las acciones de una mesa de diálogo que busca poner en sintonía a los 82 gobiernos locales y las ocho intendencias del país en la atención de la emergencia actual y la apertura paulatina de la economía.
Para ella, sin la operación coordinada de los líderes cantonales sería impensable lograr la apertura de actividades y el control de la pandemia. Al tiempo que asegura, ha ayudado a impedir el colapso del sistema de salud.
–¿Cuál ha sido la labor de la mesa de gestión municipal en estos ocho meses?
–La síntesis nuestra desde el 16 de marzo, después de ocho meses, es que sin los 90 gobiernos locales (alcaldías e intendencias) la pandemia de la covid no se hubiese controlado y el regreso a la nueva normalidad hubiese sido impensable.
"La operación constante sin parar tiene arraigo en la coordinación interinstitucional con todas las instituciones de primera respuesta. Acompañamos al Ministerio de Salud en establecer más de 30 lineamientos que tienen aplicación directa y en organizar toda una logística”.
–¿En qué momento se echa a andar esa articulación? La percepción al inicio era que todo estaba siendo llevado por el Gobierno Central?
–La segunda semana de marzo, lo que pasa es que todo el foco mediático estaba en el Gobierno central, nosotros estábamos más focalizados en organizar todo lo que venía.
“La afirmación de que sin las municipalidades no se hubiera controlado la emergencia —a parte de que hay una ley—, tiene que ver con esa logística: Empezar a hacer cierres, a repartir ayuda humanitaria, todo lo que era si la gente no podía salir, si los lugares estaban cerrados. Quien tenía que operar en el territorio era el gobierno local, incluso para hacer cierres de espacios públicos, bares, locales comerciales y centros donde no se aglomeraran personas.
"De forma simultánea estábamos construyendo todo los lineamientos. Hubo que cambiar y darle potestad a los inspectores de patentes, para que pudieran hacer inspecciones sanitarias, fue realmente una logística que no estaba puesta en escena.
“La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entregó 305.000 diarios de ayuda humanitaria, la mayoría de esos diarios fueron colocados con la ayuda de las municipalidades”.
“Cuando se empezó con el Bono Proteger en muchos lugares no había cobertura ni acceso a la plataforma, entonces llegan las asociaciones de desarrollo, el personal de las municipalidades, muchas mujeres vicealcaldesas entrar a apoyar a las comunidades”.
–¿Cómo fue esa labor de reactivar los comités locales de emergencia en una coyuntura como esta?
–Las autoridades locales están acostumbradas a activar las instituciones porque son la primera respuesta. Sean tres o 20 instituciones, hay un músculo.
"Obviamente, esto depende de la cantidad de recursos, ahí es donde se empieza a ver que los alcaldes por ejemplo, de la Zona Sur o Limón, empiezan a hacer llamados más vehementes sobre la capacidad de apoyo y ayuda y ahí entró la CNE.
"Nosotros contabilizamos, desde la segunda semana de marzo, a las 28 municipales que tenían policía municipal porque tenían que entrar a ayudar, no todas tienen ese equipo, pero entonces se repartían los recursos según las condiciones.
"Lugares donde escaseaban recursos, observé alcaldes haciendo alianzas con el sector privado para poder alcanzar a poblaciones que se sabía no tenían alimento, incluso para repartir medicinas.
"Se hizo una distribución de recursos con la Fuerza Pública, la articulación con inspectores de tránsito, los inspectores de patente pasaron a poder hacer inspecciones sanitarias. Aunque no tenían policía municipal entraba personal a apoyar.
“Si vemos el comercio funcionando y que no hemos llegado a la saturación del sistema de salud, tiene que ver con que hay una línea de contención por parte de los funcionarios, haciendo que algunas reglas se cumplan”.
–¿Cuáles son algunos de los lineamientos más claves que han salido del diálogo?
–Todo el tema de apertura, la línea base la dio CNE, entraron gestores de riesgo de tres municipalidades importantes: Desamparados, Alajuela y San José y eso pasó por la mesa de gestión municipal. Todo el tema de validación y aprendizaje del modelo de gestión también salió del intercambio en la mesa.
“Nosotros tuvimos que ver todo lo que tenía que ver con concentración masiva, salía de una línea base de Salud y pasaba por las observaciones del ANAI (Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes), de la UNGL (Unión Nacional de Gobiernos Locales) e del IFAM.
"Mucho se consulta también con las municipalidades. Por ejemplo, los establecimientos de concentración masiva, los hogares de larga estancia, las ferias del agricultor y los lineamiento de recolectores de residuos sólidos.
"Todo en un afán de tener una visión unitaria estatal, no centralista, porque el Gobierno Central, la autoridad sanitaria, se dio cuenta de que si las municipalidades no se apuntaban era impensable controlar la pandemia y volver a una realidad relativamente administrada”.
–¿Cual ha sido el mayor reto de lidiar con municipios con realidades y condiciones tan distintas, cómo evitar que una localidad quede desprotegida?
–Esta pandemia pone a prueba la capacidad institucional, el Estado, el Gobierno Central, ha tenido que reforzar según la demanda y gestión de cada municipalidad y la CNE ha sido estratégica, ha sido el punto neurálgico.
“El principal reto es ponerse en los zapatos de cada uno de esos gobiernos locales, creo que ese es el espíritu, hubo días que entrabamos a las ocho de la mañana y que salíamos a las nueve de la noche buscando una línea base y una discusión”.
–¿Cómo han reaccionado a ese traslado de responsabilidades en el tema de gestión de riesgo, en la toma de decisiones?.
–Yo lo pondría en tres niveles: El primero es que las mismas municipalidades lo pidieron y de ahí nace el modelo de gestión compartida: Costa Rica trabaja y se cuida.
"Segundo, se dio la Ley 9848 que daba flexibilidad al gasto para que las municipalidades entraran en condición de disponer, mantener servicios esenciales y entrar al proceso de emergencia.
“Y lo tercero es que, bajo la autonomía municipal y la capacidad de coordinación con el Gobierno Central, hemos estado atendiendo esas demandas”.
–¿Se puede decir que el estira y encoge en el que el IFAM ha estado en medio ha sido desde ambos lados, desde el Gobierno en la parte sanitaria y desde los municipios con la parte social y la necesidad de reapertura?
–Sí, se ha hecho en equipo. Aquí ha entrado desde el Ministro de Turismo (Gustavo Segura), pasando por la participación de la viceministra de Salud (Alejandra Acuña), porque mientras que don Daniel (Salas, ministro de Salud) está en los temas más macro, a nivel sectorial la doctora Alejandra Acuña ha acompañado desde la mesa.
“A veces los diálogos, los consensos y las negociaciones se hacen más en cotidiano que lo que uno puede ver reflejado en los medios. Este es un país que se pone de acuerdo, hemos trabajado ocho meses, en este natural estira y encoge, y está funcionando, llegamos a un modelo en que se podía convivir la apertura con la prevención del contagio”.
–¿Cómo fue el manejo en los casos más difíciles de poner en sintonía, los eventos de rebeldía que todos conocimos en algunos cantones y el efecto sobre los demás municipios?
–Partimos del hecho de que hay que ponerse en los zapatos de la autoridad local, hay unos que tienen más megáfono que otros. Cuando ha habido disonancia, lo primero es que he encontrado razonabilidad (...). Nos ha tocado reinventar reglas, estamos en un estado de excepción con lineamientos de autoridad sanitaria, es una regla que han tenido que acatar.
“He encontrado casi un 90% de gente que ha entendido, que tal vez no ha tenido tanto megáfono, pero cuando ha puesto lo que hemos hecho, sentarnos y cuando han planteado sus puntos en parte llevan razón, porque hay que recordar que estamos con unidades político administrativas autónomas, bajo una línea de excepción y esto tiene un alcance jurídico y político”.