El plan para liquidar a cerca de 950 empleados de Japdeva podrá ser votado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, luego de que los magistrados de la Sala IV no encontraran roces de inconstitucional en dos puntos consultados por 15 legisladores.

Esos diputados advertían sobre la posible inconstitucionalidad de dos transitorios del proyecto de ley para la reestructuración de la Junta de Adminsitración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La primera objeción se planteó por la fijación del plazo de un mes para que los empleados informen la opción de tomarían para dejar la empresa. Ese plazo corre a partir de que entre a regir la legislacíón.

Las posibilidades que ofrece la propuesta son: acoger a una movilidad horizontal hacia otra institución pública sin que pierda la plaza en el estado Estado; aceptar el despido que incluye el pago de bonos de hasta ocho salarios, o acogerse a la prejubilación. Esta última vía, únicamente es válida para los empleados mayores de 55 años, quienes también recibirían sus prestaciones.

La otra objeción de los diputados se debe a que, transcurrido ese mes, la entidad portuaria quedará obligada a cesar al personal que no se acogió a ninguna de las opciones, ante la necesidad de equilibrar sus finanzas.

Frente a las preocupaciones de los diputados, los magistrados determinaron que no había vicios de inconstitucionalidad.

De esta forma, el expediente volverá al Congreso para su segundo y último debate.

La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, afirmó que mientras esperan la aprobación, trabajan en los informes requeridos para iniciar el proceso de reestructuración.

“De parte de Japdeva hemos continuado trabajando en la información a colaboradores, los análisis de procesos de tercerización, así como potenciales ajustes financieros al tiempo que transcurría el análisis de la Sala Constitucional y con miras a iniciar el proceso de reestructuración ineludible para la continuidad de Japdeva.

“Seguimos enfocados en el apoyo a los trabajadores que serán movilizados y en las medidas de reestructuración para también mantener la operación de los servicios”, manifestó la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, había manifestado que la entidad portuaria no tendría que recurrir a despidos, si todos los empleados no necesarios de la institución se acogen a los traslados voluntarios, puesto que la indicación del presidente de la República, Carlos Alvarado, es abrirle espacio a esos empleados en otras instituciones, con excepción de los ministerios.

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Los legisladores que enviaron la consulta facultativa a la Sala Constitucional fueron: Eduardo Cruickshank, Carlos Avendaño, Geovanni Gómez, Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado y Melvin Núñez del Partido Restauración Nacional (PRN); Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar y Marolin Azofeifa del bloque independiente autodenominado Nueva República; Walter Muñoz y Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN); Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), David Gourzong del Partido Liberación Nacional (PLN) y José María Villalta del Frente Amplio.

Paso adelante

El plan de reestructuración de Japdeva fue aprobado en primer debate con 38 votos a favor y 12 en contra el 28 de agosto anterior. La segunda votación quedó en suspenso mientras los magistrados atendían las consultas de los diputados.

Mientras tanto, el Congreso avanzó con la aprobación del presupuesto para ejecutar ese plan de reestructuración.

Este lunes aprobaron en primer debate el proyecto de ley que destina ¢17.900 millones para que Japdeva pague prestaciones y cree el régimen de prejubilación para empleados mayores de 55 años.

La ley permite a las instituciones públicas girar sus superávits a Japdeva. También el Gobierno podrá destinar recursos de la deuda pública, provenientes de los ahorros generados al realizar los canjes de deuda que realizó este año.

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La entidad portuaria arrastra pérdidas desde hace cinco años, sin embargo acrecentó su crisis con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Aunque el traslado de los buques portacontenedores quedó establecido en el contrato de concesión con APM Terminals desde 2012, la entidad portuaria no se preparó ni diversificó sus negocios, por lo que acrecentó su crisis financiera cuando perdió el 79% de la carga comercial.

Para rescatar la institución, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de ley en la cual se establecía la necesidad de liquidar el 80% de la planilla de la institución para que se mantuviera a flote y continúe con los servicios portuarios que brinda a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y a las embarcaciones de carga mixta que atracan en Moín.

Fueron los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración quienes presentaron el texto final que se aprobó por mayoría en el plenario.