La curia limonense tomó posición en el conflicto entre Japdeva y el Gobierno, luego de que el 70% de la carga que manejaba la autoridad portuaria pasara a manos de la Terminal de Contenedores de Moín, gestionada por la firma privada APM Terminals.
El obispo de Limón, Javier Román, emitió una carta abierta suscrita por los 23 sacerdotes de la provincia, en la que denuncia un supuesto “desmantelamiento que se ha propiciado de las instituciones”, haciendo referencia a la situación que atraviesa la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“El crecimiento desmesurado del Estado no puede convertirse en un argumento válido para un desmantelamiento creciente de sus instituciones, dejando a la población civil a la merced de la iniciativa privada”, menciona el manifiesto.
El presidente ejecutivo de Japdeva, Greivin Villegas, fue destituido el pasado lunes, luego de que ratificara que la entidad portuaria se dirigía a la quiebra en abril próximo, y que el Gobierno debía hacerse responsable de los salarios y derechos de los trabajadores de la empresa estatal.
La junta directiva de Japdeva fue la primera en alertar al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la supuesta bancarrota de la institución.
Los trabajadores portuarios y los sindicatos reclamaron que la baja en las entradas de la entidad se debe a una supuesta repartición indebida de los clientes entre el muelle estatal y la terminal privada, aunque APM Terminals ha presentado documentos para desmentir las acusaciones.
El martes, luego de nombrar a la comunicadora Andrea Centeno como nueva jerarca de Japdeva, el presidente Alvarado bajó el tono a las alarmas de la supuesta quiebra de la Junta y aseguró que se debe hacer un análisis cuidadoso de las finanzas de la institución.
Sin embargo, el obispo mantiene viva la discusión.
"Creemos que es importante preguntarse con toda seriedad, sobre la propuesta de modelo de desarrollo que el Estado quiere implementar, y cuáles características que este busca imprimir en la provincia del Caribe.
“Un modelo de desarrollo que propicie la exclusión, y por ende una mayor estratificación en la vida de la sociedad, es inocuo en su naturaleza e inmoral en su praxis”, menciona Román.