Las municipalidades del país solo lograron utilizar el 27,5% de su presupuesto en los primeros seis meses del 2018; es decir, cerca del 70% de fondos para vías cantonales y otras obras comunales siguen sin usarse.

Ese porcentaje representa la ejecución más baja para el primer semestre en los últimos 12 años, que es el tiempo durante el cual la Contraloría General de la República (CGR) ha registrado datos para medio año.

Se trata de gastos por ¢181.372 millones de un presupuesto total de ¢659.565 millones. Las cifras reúnen cuentas de 78 de los 81 municipios, pues Corredores, Liberia y Los Chiles no enviaron la información a tiempo a la CGR.

Entre tanto, del dinero que sí se ejecutó, la mitad fue para pagar los salarios de los trabajadores municipales y solo un 15,6% se dedicó a obra pública.

De hecho, según el órgano contralor, el gasto en remuneraciones aumentó en 33,5% en los últimos cuatro años.

Antes de este año, la peor ejecución semestral promedio se dio en el 2007 con un 28%. Por el contrario, la mejor ejecución promedio en ese plazo fue en el 2012 con un 33,7%, seguida por 31,9% en 2014 y 2013.

Los gobiernos locales con menor aprovechamiento son Golfito (6,5%), Parrita (8,7%), Siquirres (10,9%), Bagaces (11%) y San Pablo (Heredia) (11,3%). En contraste, los de mayor ejecución son Limón (47,3%), La Unión (43,2%), Turrubares (42%), Belén (41,4%) y San José (40,1%).

¿A qué se debe la baja ejecución? Los bajos resultados podrían estar relacionados con el hecho de que las municipalidades no cuentan con mecanismos de control de la ejecución ni tampoco evalúan los recursos disponibles, como alertó la Contraloría en el informe Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público.

Otro aspecto que podría influir son los frecuentes incumplimientos de plazos en procesos de contratación administrativa, apelaciones de proveedores, retrasos en la elaboración de carteles de contratación, además de otras circunstancias que no dependen de los ayuntamientos, como incumplimientos por parte de las empresas licitadoras.

Aparte del uso del presupuesto, la CGR llamó la atención sobre los ingresos corrientes, pues la morosidad aumentó en un 42% entre el 2014 y la reportada a finales del 2017. Los municipios cobran impuesto a bienes inmuebles así como patentes y licores.

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Trabas en contrataciones

Los alcaldes de los gobiernos locales que menos ejecutaron atribuyen la situación a problemas en contrataciones y transferencias del Gobierno. Esa es la situación que expone Elberth Barrantes, alcalde del cantón peor ubicado, Golfito, en Puntarenas.

“La ejecución nuestra es baja, sobre todo en el rubro de inversión, que apenas es de un 9%, y eso obedece a que hubo atrasos en los procesos licitatorios para las obras del mejoramiento vial que maneja la unidad técnica vial”, dijo.

Según él, en los últimos dos meses se empezaron a otorgar esas contrataciones y a mejorar la ejecución.

“Ya se han ejecutado varias obras y hay muchos proyectos en adjudicación, como asfaltados en las calles urbanas, eso nos tranquiliza de que al cierre del periodo vamos a ejecutar casi todo el presupuesto”, dijo el alcalde.

El alcalde del segundo municipio peor ubicado, Parrita, también en Puntarenas, afirmó que el traslado de la plataforma de compras públicas Merlink al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), atrasó muchos proyectos en los primeros seis meses del año.

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“Perdimos mucho tiempo en capacitaciones de los diferentes departamentos para poderle agarrar el hilo a las compras. Cuando ya estábamos un poquito más familiarizados con el sistema se nos hizo un huracán y perdimos mucho tiempo en tratar de sacar las licitaciones. Otro gran problema es las apelaciones, apelan mucho las licitaciones y nos congelan”, declaró el alcalde Freddy Garro.

Por otro lado, Mangell McLean, alcalde de Siquirres, Limón, manifestó no estar preocupado por ocupar el tercer lugar entre los municipios con peor ejecución, pues está convencido de que la cifra va a subir en lo que resta del año.

McLean considera que una dificultad del Ayuntamiento es que depende en gran medida de las transferencias del Gobierno.

“Nosotros dependemos de transferencias del Estado, casi un 40%, y las transferencias no vienen en enero, se realizan bimensual, trimestralmente o a veces en noviembre, dejándonos casi un mes para poder ejecutar. Es un mal que sufrimos algunos municipios, a diferencia de San José, que no depende de las transferencias, para ellos representan un porcentaje muy bajo”, manifestó.

Superávits pagarán deuda pública

Las municipalidades suelen acumular superávits en sus cuentas y en la Caja Única del Ministerio de Hacienda al final de cada año. La ejecución promedió un 73% en los últimos cuatro periodos.

No obstante, los gobiernos locales empezarán a perder los superávits sin destino específico que acumulan en la Caja Única, los cuales serán utilizados para amortizar la deuda pública, junto con los saldos de las otras instituciones, según estipula La Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.

La legislación indica que los recursos “sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales” deberán ser ejecutados en un periodo máximo de dos años.

Hacienda informó de que este mandato será aplicado por primera vez al cierre del presupuesto del periodo 2018, es decir, el 31 de diciembre, y al 15 de febrero las municipalidades deberán haber enviado los detalles de la liquidación presupuestaria a la CGR.