El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) suspendió por seis meses, con goce de salario, a la auditora general de esa institución, Irma Gómez, por supuesto “abuso de autoridad”.
A la funcionaria la investigan por “presuntos comportamientos arbitrarios y presunto hostigamiento laboral”.
El origen de esta medida se remonta al 2010, cuando una exfuncionaria de la Auditoría, que fue separada durante el periodo de prueba –según lo establecido en el Estatuto del Servicio Civil– planteó un proceso contencioso- administrativo. Dicho proceso judicial concluyó con una condena al Estado en la que se le obligó a pagar ¢1 millón a la extrabajadora.
Esa sentencia, además, sugiere al MOPT “revisar” las supuestas conductas denunciadas.
Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, indicó que la indagación se hace en respuesta a esa recomendación del Tribunal Contencioso.
“Eso es una resolución de los tribunales; se nombró un órgano director externo y se separó a la señora por la transparencia del proceso. Para la investigación, es importante que ella no esté en el departamento”, dijo Segnini.
El ministro agregó que la averiguación se emprende también por petición de la Contraloría General de la República (CGR). No obstante, el ente contralor desmintió haber solicitado esa investigación.
“No puede afirmarse que la Contraloría ordenara al ministro la suspensión de la funcionaria. La medida de suspensión fue tomada por la Administración, de acuerdo con sus propias valoraciones”, señaló la CGR.
Descargo. Consultada por La Nación , Gómez calificó como “desproporcionada y sin fundamento” la medida en su contra.
La funcionaria aseguró que la sentencia en mención está recurrida por la Procuraduría General de la República ante la Sala I.
Además, alegó que no se está respetando el debido proceso y, por esa razón, ya objetó el procedimiento en su contra.
“Se aduce como razón para separarme del cargo que puedo ejercer presión sobre los funcionarios involucrados, cuando la funcionaria cesada y quienes declararon a su favor dejaron de ser funcionarios de la Auditoría General ese mismo año; es decir, en el 2010. No encuentro lógica ni proporción en la decisión”, dijo.