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Ministro de Hacienda recrimina a Uccaep crear ‘enredo’ con aplicación de normas contables en el ICE

Rechaza afirmación de que abre portillos al ICE para evadir las NIIF; invita a grupo a discutir apoyo a contratos BOT en el pasado

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, recriminó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que lo acusen de abrirle un portillo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para librarse de normas contables internacionales.

Para el jerarca, los empresarios están haciendo “un enredo” de hechos que, según él, están claros.

Villegas se refirió a señalamientos que la Unión de Cámaras hizo en un comunicado, en relación con pronunciamientos de Hacienda sobre la obligación del ICE de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Según Uccaep, una resolución de Hacienda y su posterior aclaración le abren la posibilidad del ICE de evadir parte de dichas normas.

“En realidad lo que están haciendo es un enredo donde todo está absolutamente claro. Nadie está diciendo que no se van a aplicar las NIIF en el ICE. No lo dice ni el Ministerio de Hacienda, ni el ICE. Lo que me parece es que quieren enredar algo que está total y absolutamente claro”, se defendió el jerarca.

Las NIIF son estándares internacionales que uniforman la aplicación de reglas contables e impiden interpretaciones alternativas de los datos para garantizar la transparencia de las finanzas de las instituciones.

Las críticas de los empresarios se originan por una decisión de Hacienda, de marzo pasado, al resolver un recurso de apelación presentado por el Instituto en setiembre de 2020 contra un oficio de la Dirección General de Contabilidad Nacional de Hacienda que le ordenaba aplicar las NIIF al 100%.

El Instituto alegaba que dicho órgano carecía de facultades legales para girarle la orden.

Hacienda rechazó el recurso pero en su resolución aduce que “solamente, aquellos contratos en curso de ejecución y que fueron formalizados, previo a la entrada en vigencia del decreto ejecutivo número 35616, pueden continuar siendo tratados con las normas contables anteriores, esto en aras de evitar perjuicios tanto a la empresa, como a terceros”.

Se trata de un decreto de diciembre de 2009 el cual establece que las NIIF serían obligatorias en empresas públicas a partir de ese año.

Posteriormente, la semana pasada, Hacienda envió un comunicado de prensa para aclarar el tema. En el documento, insiste en que por mandato constitucional, no es posible la aplicación retroactiva de normas en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas.

De esta forma, establecía la posibilidad de que el ICE no aplicara las normas para obligaciones anteriores a 2009, a las que todavía hace frente.

“Salirse del cumplimiento de las NIIF significaría aumentos inminentes en las tarifas eléctricas, tanto hogares como empresas (...) No es de recibo que Hacienda abra portillos a las instituciones públicas para que desacaten lo estipulado por ley”, aseveró la Uccap, en ese sentido.

Contratos BOT

Ante las manifestaciones de la Unión de Cámaras, Villegas fue enfático en que no le abre puerta alguna al ICE para evadir las normas, pero fue más allá en su respuesta.

“Hay otro elemento interesantísimo que aquí no se está hablando. Hace 15 o 20 años, los mismos grupos lanzados aquí contra lo que se dice en una resolución, nos vendían la maravilla de maravillas: cómo el capital privado podía participar en el ICE y alivianar su carga”, recalcó Villegas en referencia a los generadores privados de energía.

El ministro responsabilizó al sector empresarial de impulsar contratos tipo BOT, mediante los cuales el ICE contrató obras de generación a empresas privadas que sigue pagando.

BOT se traduce del inglés “Construir, Operar y Transferir” y es un mecanismo de ejecución de proyectos, en el cual la empresa privada recibe una concesión del sector público para financiar, diseñar, construir, poseer y operar algún tipo de obra o servicio.

Esto permite al privado recuperar sus gastos de inversión, operación y mantenimiento de la obra.

“Nos decían que los procesos como los BOT eran una maravilla de la ingeniería financiera y, que a partir de esos, una institución pública podía hacer obra y sector privado podía participar. Se suponía que el sector público no iba a deberle al privado, pues este asumía los riesgos”, apuntó.

Sin embargo, Villegas lamentó que, como ahora el ICE sí debe aplicar las normas, los empresarios argumenten que es la empresa pública la que debe cargar en su contabilidad con todo el costo de amortización por aquellos contratos.

Con las normas, el ICE debe ajustar su contabilidad con sus contratos tipo BOT y arrendamientos en algunas de sus plantas que dejaron de registrarse como gastos operativos y ahora son gastos financieros (¢34.000 millones en el 2021) los cuales asume sin poder pasarlos a las tarifas.

El ICE ha argumentado ante Hacienda y ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que ceñirse a las NIIF no elimina ni modifica sus obligaciones contractuales con empresarios privados por contratos de compra de energía, suscritos hace 18 años.

“El ICE no se endeudó, pero ahora debe asumir los BOT como un crédito. Y entonces, en una resolución donde no se echan atrás las NIIF, sacan un párrafo para decir que Hacienda las exceptúa. Cuando gusten podemos dar esa discusión y ver si los BOT, que dijeron que era la pomada canaria para el ICE y para la inversión, son productos financieros que más bien resultaron muy caros”, desafió el ministro.

Según él, habría que analizar quién ganó con esos productos y quiénes tomaron la decisión en aquel momento. “Tal vez”, dijo, Uccaep tenga las respuestas.

En el comunicado del miércoles, los empresarios señalan que fue el incumplimiento de las normas contables el que trajo “consecuencias en el pasado”.

“Permitió al ICE extraer de los bolsillos de los abonados unos ¢60.000 millones al año. Ese fue el costo de los arrendamientos establecidos por los fideicomisos creados para desarrollar proyectos eléctricos”, expresó la Unión de Cámaras.

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.